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Reina la incertidumbre entre los pobladores de las tierras rematadas

Los funcionarios llegaron al lugar cuando el remate ya estaba consumado. Ahora buscan anularlo. La gente pide seguridad y teme lo peor.
10 de mayo de 2010 - 00:00
ENVIADOS ESPECIALES- Desocupado y sin mejoras decía el edicto a través del que un Juzgado Civil de Córdoba ordenó el remate de un campo de 20.600 hectáreas en el distrito La Guardia, departamento La Paz.

Nada más lejos de la realidad. Aunque invisibles para la Justicia y en parte también para las autoridades provinciales y comunales, en esa extensión viven unas 30 familias, agrupadas en poblados de dos a cinco casas, hay al menos tres escuelas (cuatro si El Quimilo queda dentro del remate), una posta sanitaria y las conexiones necesarias para la energía eléctrica y el agua potable.

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Desde hace algunos años, comenzaron a aparecer en ese territorio de llanura seca y salitrosa, alambrados y portones, como símbolo de que la etapa de los campos comuneros había llegado a su fin. Eso comenzó hace ya 7 años, con la llegada de Los Poquiteros S.A., la firma de capitales norteamericanos que compró más de cien mil hectáreas en La Paz y puso en alerta a poblaciones que, desde siempre, habían vivido a campo abierto.

Con el remate del campo de 20.600 hectáreas que linda con el predio de Los Poquiteros concretado el 22 de abril- los habitantes de la zona se debaten entre la resignación a perder lo poco que tienen y la defensa de esa porción de tierra que, con o sin títulos de propiedad, sienten que les pertenece. Cuando llegó a la zona la noticia casi como un rumor- del remate de un campo tan extenso que incluía al menos seis parajes, algunos vecinos tuvieron una reacción casi instintiva: improvisaron carteles con la leyenda propiedad privada para que nadie se atreviera a cercarlos.

Pero la preocupación crece a medida que comienzan a aparecer funcionarios y legisladores, visitas poco frecuentes en esos parajes. Hace dos semanas, cuando ya el remate estaba consumado, el titular de Catastro, Raúl Blas, la directora del Registro de la Propiedad, Fernanda Rosales y asesores de Fiscalía de Estado recorrieron la zona, confirmando a sus pobladores lo que ninguno quería escuchar: que la venta del campo era un hecho, pero que el Estado intentaría anular la operación certificando no sólo la superposición de dominios en la zona, sino además la existencia de escuelas, postas y demás inversiones públicas: caminos, agua y energía.



Viven

Para llegar a las poblaciones de San Salvador, San Lorenzo, Pozo Escondido, San José, Santa Elena, El Silo y El Quimilo, hay que tomar la ruta provincial n° 8 que nace en Casa de Piedra. Los primeros kilómetros supieron tener asfalto y hoy son una sucesión de baches, que terminan cuando comienza el camino consolidado. A la vera de la ruta, se suceden alambrados, caminos comuneros que llevan a parajes de unas pocas familias y hay al menos dos escuelas: la N° 62 de San Lorenzo y ya donde termina el camino, la N° 446 de El Quimilo. Pero campo adentro, por caminos que por momentos parecen una huella, hay más gente: en Santa Elena viven cinco familias; en Pozo Escondido otras dos: los Salas y los Contreras y cientos de cabras que aprovechan el campo abierto para hacer de las suyas.

Dos kilómetros más, penetrando en el monte, aparece otro puesto, San José, con escuela y posta sanitaria propias y un vecino, Don Miguel Romero, que asegura que su padre compró el campo donde vive en el año 1920.

Pese a que el edicto judicial habla de un campo sin ocupación y sin mejoras, hay familias que resisten hace casi 100 años en esa zona y que ahora piden que el Estado los defienda y haga reconocer cerca de una decena de títulos de propiedad, cédulas y padrones que se supone- deberían darles la seguridad de que nadie los va a sacar de las tierras que habitan.

VISITA OFICIAL? Este miércoles, una delegación integrada por el senador de La Paz, Víctor Luna, funcionarios de Catastro y Fiscalía de Estado visitarán la zona rematada para tomar contacto con la gente.

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