12 de abril de 2010 - 00:00
Minería: la falta de información en la base del estallido social
Un análisis sobre la situación en Andalgalá que cuestiona la política oficial y la violencia de la protesta.
En los años 50, Fabricaciones Militares finalizó sus tareas en Minas Capillitas debido a un recurrente problema técnico: la imposibilidad de separar los minerales de cobre del resto de la roca con la tecnología en uso. El pueblo se desbandó, muchas familias se fueron a otras provincias, las casas se cerraron y el silencio sepultó el bullicio de los mineros en los días de franco. En aquella mina habían llegado a trabajar 1.500 personas, además de todos los proveedores de insumos para ellos y sus familias.
El cierre de Capillitas trajo un letargo del que no se salió hasta 1995, cuando las empresas contratistas de Minera Alumbrera llegaron con sus camionetas y dólares. Entre 1995 a 1998 se vivieron años de opulencia con el afincamiento de Techint y otras empresas de servicios a la Minera Alumbrera. Llegaron a alquilarse viviendas por más de US$ 1.500 por mes; en la confitería Zorba, el inglés era prácticamente el idioma oficial y las camionetas 4 x 4 inundaban las calles de Andalgalá. Al margen de esas curiosidades, hubo trabajo para todos y la población creció a más de 24.000 personas.
Pero la bonanza sólo duró tres años. Los contratistas se retiraron cuando terminaron de prestar sus servicios y la Minera Alumbrera comenzaba sus trabajos en la mina, un lugar de difícil acceso.
Minería y política de Estado
Las regalías mineras que aportó Alumbrera, desde 1998, no se repartieron a los municipios donde se emplazó el proyecto. Salvo el Gobierno central, nadie dispuso de los ingresos correspondientes a esa actividad. Sucesivas peregrinaciones de los andalgalenses dieron sus frutos con la sanción de la Ley de Reparto Secundario de Regalías Mineras, en el año 2005.
Cuando el actual secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, visitaba Andalgalá hace mucho que no se hace ver por allá—, la frase con la que comenzaba sus entusiastas discursos era: La minería es política de Estado.
Nunca dijo cómo haría esto efectivo, como tampoco lo hizo ningún gobierno desde la presidencia de Carlos Menem, en cuya gestión se sancionó la ley. Tampoco hubo nunca ni desde el Gobierno nacional ni desde el provincial— una política de comunicación. Nadie informó a la población los alcances que podría tener la actividad en el aspecto social, cultural o sobre el medio ambiente. De lo único que se habló fue de los aspectos económicos. La falta de información de los organismos responsables dio lugar a la difusión de datos antojadizos, cifras incomprobables y la explotación del miedo a lo desconocido.
Cuando la minera Agua Rica retomó los trabajos de exploración y de factibilización del proyecto, en el año 2005, tenía que remontar el desengaño que había dejado Alumbrera.
A diferencia de lo que había hecho aquella, la nueva empresa ocupó personal de Andalgalá (ingresaron 120 personas), al tiempo que muchos contratistas reactivaron el comercio en el pueblo. La minera también realizó cursos de capacitación e impulsó programas de desarrollo de pequeñas economías sustentables, que le dieron una mínima inserción social. Pero todo volvió a perderse en marzo del 2009 cuando la empresa dejó de operar. La crisis mundial detuvo la marcha del emprendimiento que estaba a la espera del informe de Impacto Ambiental, el que fue aprobado por las autoridades provinciales en abril del 2009.
Una bronca anunciada
Algunos años atrás, la rotura de un ducto que transporta minerales desde Alumbrera a Tucumán dio pie a las primeras alarmas sobre contaminación in situ.
Los opositores a la explotación minera alzaron su voz y aunque nunca se comprobó que hubiera toxicidad en el concentrado derramado, el tema de la contaminación quedó instalado. El plebiscito de Esquel y el corte de Gualeguaychú enfervorizaron las posiciones de los autoconvocados locales.
Los reclamos se radicalizaron y comenzaron las agresiones. Un cartel colgado de una bicicleta que rezaba Haga patria mate a mineros reflejaba el nivel alcanzado.
A mediados de diciembre del año pasado un grupo de personas se apostó a la vera del camino que inevitablemente tienen que transitar las camionetas de la minera Agua Rica que hacen trabajos de mantenimiento de los obradores, ya que la explotación aún no comenzó.
El 9 de febrero, marcharon alrededor de la plaza principal de Andalgalá más de 3.000 personas bajo la consigna de Sí a la minería, no a la contaminación. La concentración tuvo gran repercusión local y se desarrolló en paz.
Para equilibrar los tantos, días después llegó el diputado nacional Pino Solanas, quien con gran dominio de la escena montó el espectáculo de la revuelta antes de retornar a su más apacible barrio de Olivos. Con gran sentido de la oportunidad, la jueza que intervenía en el caso del bloqueo de la ruta desde hacía dos meses decidió librar la orden de desalojo en ese momento, justo cuando el legislador-cineasta pisaba tierras andalgalenses. Parecía un guión escrito por el propio Solanas. La policía hizo efectiva la orden judicial, dos días después, en medio de pedradas y corridas.
Los desalojados se reagruparon en la plaza del pueblo y desde allí descargaron su bronca. La municipalidad fue presa del fuego y el vandalismo. Roturas y robos en los negocios de los turcos, acusados de dar servicios técnicos a la empresa minera. Destrozaron las oficinas de Agua Rica e igual suerte corrió la casa de un funcionario de Farallón Negro, mientras los bomberos eran insultados y apedreados por intentar apagar el fuego.
La intervención de las fuerzas de seguridad para reestablecer la calma fue largamente publicitada en los medios nacionales como la represión a una pueblada.
Los opositores a la actividad minera han pasado a la acción directa, y van por más. Ahora se apostaron a la entrada de la mina Agua Rica e impiden el ingreso de los trabajadores. Días pasados, un grupo fue sorprendido con mazas y cortafierros dentro del predio de Alumbrera. Adujeron que el candado ya estaba roto, estuvieron en la comisaría unas horas y fueron liberados atendiendo a una fuerza de interés público, según declaró la fiscal Marta Nieva, quien en declaraciones a Radio Ancasti admitió estar amenazada y presionada (un llamado telefónico le advirtió sobre la suerte de su hija).
Las manifestaciones se hicieron diarias frente al edificio quemado de la municipalidad y el juzgado con la finalidad de escrachar a los funcionarios.
Ahora quedan las pérdidas, las roturas y, lo más triste, la enemistad entre vecinos, amigos y parientes. El resultado del silencio e inoperancia oficial está a la vista. La falta de información de organismos oficiales dio lugar a la difusión de datos antojadizos.
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