14 de marzo de 2010 - 00:00
El fondo de promoción minera ya recibió al menos 16 millones
Según datos de legisladores de la oposición, en 2009, ingresaron al fondo casi 2,5 millones.
La preocupación de los legisladores pasa por saber si efectivamente esos recursos se destinan a promover el desarrollo de la actividad minera a pequeña escala en el territorio provincial. El tema cobra importancia en un momento en que la actividad está siendo cuestionada por algunos sectores de la sociedad y en el que la comunidad se pregunta por el derrame que produjo la megaminería en la provincia. Poder demostrar que los recursos de este fondo fueron a financiar emprendimientos mineros artesanales o de pequeña escala podría ayudar a apuntalar el discurso oficial que habla de la minería como política de Estado.
Según los datos de los legisladores, desgranados a partir de declaraciones juradas de la empresa Minera Alumbrera, la Provincia se recibió 316 millones de pesos de las regalías mineras, después de haber distribuido su parte (el 35%) a los municipios. De ese total surge que el 5% destinado al fondo de desarrollo minero debe alcanzar, al menos, los 16 millones, sin contar los aportes en otros conceptos.5%Es el porcentaje que se destina, de las regalías que recibe la Provincia, al fondo de promoción minero, creado por ley. Otros recursos también nutren ese fondo.
Dejá tu comentario
Te Puede Interesar
Minería
YMAD refuerza el empleo local: más del 80% de sus trabajadores son de la zona de influencia de Farallón Negro
Desarrollo minero
El proyecto Diablillos obtuvo la aprobación ambiental de Catamarca y avanza hacia su etapa de construcción
Cuenta regresiva para la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho
Con presencia del Gobernador, se presentó el Rally del Poncho 2026
Servicio afectado
La línea 135 de Salud Mental está fuera de servicio y habilitan un número alternativo
Inseguridad
Entró a una casa, robó un celular y empujó violentamente a la dueña cuando intentó detenerlo
Revés para el Gobierno
La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
Tras una enfermedad