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Avanzan en la Corte otras dos demandas contra la Nación

En total, son tres los planteos que la Provincia ya realizó contra Nación por afectar recursos provinciales. La demanda por el 82% ya tiene fecha de audiencia.
13 de marzo de 2010 - 00:00
Además de la demanda por el reconocimiento del pago del 82% móvil, la Corte de Justicia de la Nación ya se declaró competente en las otras dos demandas iniciadas por el Estado provincial en contra de la Nación: la que cuestiona la legalidad del incremento de las retenciones mineras y la que discute la constitucionalidad de la prórroga de la detracción de recursos de la coparticipación para financiar el Fondo de Autarquía que se destina al funcionamiento de la AFIP. Ya admitidos los planteos, ambas demandas pasaron para notificación del procurador general de la Nación.

Así lo confirmó a El Ancasti, el fiscal de Estado, Simón Hernández, quien explicó que las presentaciones se concretaron el año pasado a raíz de la decisión política del Gobernador y después de haber agotado los reclamos por vía administrativa.

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Hernández explicó que en el caso de las retenciones a las exportaciones mineras la demanda de la Provincia en contra de la Nación se superpone a otra iniciada por la empresa Minera Alumbrera por el incremento de este impuesto que, en el primer caso, afecta los ingresos de la provincia en concepto de regalías y utilidades, y a la empresa minera porque disminuye su margen de rentabilidad. Con las retenciones a las exportaciones mineras que aplicó la Nación se violaba la estabilidad fiscal prometida a las empresas del sector, por eso, este tema ha sido objeto de demandas de parte de las propias empresas y también de la Provincia, resaltó.

El fiscal de Estado añadió, además, que las intimaciones administrativas que la Provincia realizó contra Alumbrera por el descuento de las retenciones que realizaba al pagar los tributos provinciales surtió efecto, puesto que la firma aceptó liquidar las regalías sin tener descontar las retenciones, hasta tanto se resuelvan las demandas contra el Estado Nacional.

La otra demanda que ya se tramita en la Corte Suprema es por las sucesivas prórrogas del Fondo de Autarquía, creado por decreto 1399 en el año 2001 y por el cual las provincias financian, resignando recursos coparticipables, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, el principal ente recaudador de la Nación. En su momento esa norma se dictó conforme a las normas de la Constitución y en un período de emergencia económica, pero se prorrogó sin observar el procedimiento que fija la Constitución. Y eso es lo que reclama la Provincia, explicó Hernández sobre el recursos presentado en diciembre pasado. Estas dos causas se suman a la demanda previsional contra la Nación que ya tiene fecha de audiencia en la Corte para el 28 de abril. En esa oportunidad, la Provincia expondrá las razones por las que considera que es a la Nación a quien corresponde asumir el pago del 82% móvil de los jubilados transferidos.
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