En los últimos meses, como consecuencia de la polémica generada en Andalgalá por la próxima explotación del yacimiento Agua Rica, se sucedieron varias solicitadas de distintas entidades respaldando el emprendimiento contra los ataques de organizaciones ambientalistas.
Estos documentos destacan los beneficios que trae consigo la minería, por las inversiones en infraestructura que podrán hacerse con los recursos financieros que la actividad arroje y el aliento que podría dársele con ellos a la producción sustentable.
Las manifestaciones en tal sentido encierran una gran carga de hipocresía.
La experiencia provinciana, por el contrario, demuestra hasta ahora que los millonarios recursos provenientes de la minería no han servido para financiar desarrollo alguno, sino para alimentar circuitos de corrupción y clientelismo.
Esta dilapidación se desarrolló por los resquicios de una legislación inocua por falta de reglamentación, sumada a la falta de controles efectivos.
El Gobierno se negó recurrentemente a establecer pautas claras para la inversión de los fondos mineros.La actitud de San Juan ha sido diametralmente opuesta.
En un acuerdo con la empresa minera que explota el yacimiento de oro y plata Gualcamayo, en el departamento Jáchal, el Gobierno de José Luis Gioja constituyó con parte de las utilidades del emprendimiento un fideicomiso. El dinero quedará de esta forma blindado y no podrá utilizarse en otros destinos que no sean los específicamente establecidos.
Un contraste notorio con lo que ha ocurrido en Catamarca, donde se ha preferido aprovechar la afluencia coyuntural de los millones mineros para la satisfacción de apetitos de corto alcance. A costa del futuro.El AncastiMaria del Pilar Rey Mendez
PRESIDENTA DE LA COMISION NACIONAL PRO ERRADICACION
