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Pérez Esquivel advirtió sobre "graves violaciones a los derechos humanos" contra el pueblo de Andalgalá

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel alertó ayer sobre las graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo de Andalgalá, después de que la policía local reprimiera una marcha de vecinos y asambleístas que resisten la instalación de la mina Agua Rica.
18 de febrero de 2010 - 00:00
Buenos Aires (NA) - Pérez Esquivel consideró que el incidente en aquella localidad catamarqueña pone al descubierto el saqueo, la destrucción del medio ambiente, la contaminación de los ríos y el despojo de los derechos del pueblo, con la complicidad del Gobierno provincial y del Gobierno nacional.

Y cómplices son las empresas mineras como la Alumbrera y Agua Rica, que buscan sus intereses económicos y no respetan el derecho del pueblo, dijo el pacifista argentino, que recibió en 1980 el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos en Iberoamérica.

En una carta enviada hoy a Noticias Argentinas, Pérez Esquivel señaló que la resistencia y movilización de las organizaciones populares en Andalgalá, como la Asamblea del Algarrobo, reclaman sus derechos como ciudadanos, para que no se destruya su hábitat y condiciones de vida.

El Gobierno no busca solucionar el problema, ni respetar el derecho del pueblo, remarcó, y agregó que su respuesta es la violencia policial y de la Gendarmería para reprimir y encarcelar a quienes defienden sus derechos y se oponen a la explotación, al saqueo y la contaminación provocada por las empresas mineras.

Argentina cumple éste año el Bicentenario de su independencia, pero tenemos que señalar que la dependencia, la represión no han sido superadas en el país. Una cosa es hablar de la democracia y otra ejercerla. Lamentablemente, se ha transformado en una palabra vaciada de contenido, lamentó en su texto.

Pérez Esquivel afirmó que el intendente de Andalgalá (José Perea) amenazó al pueblo con llegar a matar si es necesario, para imponer los intereses de la empresa minera y del Gobierno, sumándose la complicidad del juez y la fiscal que autorizaron la represión contra las organizaciones sociales movilizadas.

Las autoridades tratan de imponer el terror y la persecución a la población, denunció, y reclamó la inmediata suspensión de las medidas de expulsión contra el pueblo de su lugar originario, para beneficiar a la empresa minera.

También exigió sancionar a quienes autorizaron la represión contra el pueblo y pidió la destitución por faltas graves de funcionarios públicos, al intendente, juez y la fiscal.

Reclamamos al gobierno de la provincia de Catamarca la inmediata suspensión de las medidas tomadas contra el pueblo de Andalgalá, señaló Pérez Esquivel, que encabeza la Fundación Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

Además, exhortó al Gobierno nacional a asumir la decisión política de impulsar una nueva ley de minería, que contemple la responsabilidad y protección del medio ambiente y el derecho del pueblo, hoy vulnerado por una ley inmoral e injusta que privilegia los intereses de las empresas mineras.

El pacifista se solidarizó con los pobladores que resisten la instalación de minas y destacó que el problema que vive el pueblo de Andalgalá no es un hecho aislado en la situación que vive el país en diversas provincias, sometidas a políticas de explotación y daños al pueblo para beneficiar a las empresas la Alumbrera y la Barrick Gold, entre otras.

Debemos recordarles a los gobernantes que están en sus cargos para servir al pueblo y no para servirse del pueblo y estar al servicio de intereses extranjeros, completó.
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