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"Los gobiernos Nacional y Provincial actúan en conjunto con la Justicia para garantizar el negocio de la explotación minera"

Las diputadas nacionales por la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió y Fernanda Reyes afirmaron hoy que tanto el Gobierno Nacional como el de la provincia de Catamarca actúan en conjunto con la Justicia para garantizar el negocio de la explotación minera en esta provincia.
16 de febrero de 2010 - 00:00
La feroz represión que sufrieron ayer los vecinos de Andalgalá es la consecuencia emergente de un conflicto generado y silenciado por el gobierno nacional. La política minera está al servicio de uno de los negocios y saqueos más escandalosos de la historia argentina. Existe una connivencia de los gobiernos nacional, provincial y municipal y de la Justicia para garantizar el negocio de las empresas mineras, manifestaron las legisladoras de la Coalición Cívica - ARI en referencia a la represión sufrida por los ciudadanos del Departamento de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, durante el desalojo del Camino Comunal, por el corte del paso a las maquinarias mineras.

El juez y la fiscal que actuaron, ordenando el desalojo, deberían presentar su renuncia inmediata ya que actúan como la guardia jurídica de las empresas mineras, sostuvieron Carrió y Reyes.

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Las diputadas objetaron, también, el desempeño del gobernador catamarqueño, Eduardo Brizuela del Moral, por su total responsabilidad sobre el accionar de la policía en Andalgalá. El gobernador de Catamarca es un servil empleado de las multinacionales mineras, que ordena reprimir a los ciudadanos de su provincia para garantizar sus negocios, expresaron.

La explotación minera en Argentina se estructura sobre la pobreza de las poblaciones donde se instalan los yacimientos, la entrega a empresas multinacionales de los recursos naturales y económicos, la contaminación y la represión del pueblo que se resiste al saqueo. Es necesaria una revisión profunda e integral del modelo minero. Luego de 12 años de explotación de la mega-minería en Catamarca, las promesas de bienestar económico y social se están desenmascarando y sólo queda la contaminación, la pobreza y las empresas millonarias, sostuvieron las diputadas de la CC - ARI.
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