El Gobierno niega estrategia contra Álvarez Morales
El subsecretario de Asuntos Institucionales dijo que la Provincia se limitó a cumplir una orden judicial.
El subsecretario de Asuntos Institucionales, Daniel Ortega, negó que el Gobierno de la Provincia hubiera brindado apoyo logístico al operativo que en marzo realizó la jueza de Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, en una finca olivícola de Valle Viejo y que terminó con la detención del ex ministro de Producción Ernesto Álvarez Morales; el empresario Gustavo Lapenta y dos cocineros de la empresa. Causa por la que fueron sobreseídos.
Conforme a la versión de Ortega, la Provincia no podía impedir el allanamiento porque se trataba de una orden judicial y la imputación era por trata de personas. Tampoco se podía ejercer la defensa de la territorialidad, como reclamó el ex ministro de Producción. Según explicó, la ley que regula la explotación a los trabajadores establece que la Policía debe prestar colaboración en ese tipo de operativos para agilizar la liberación de las personas que hubieran estado en condiciones infrahumanas. Cuando llega una orden judicial de ese tipo, ni siquiera va a la Justicia, sino que se pide la colaboración de la Policía.
Según la versión del funcionario, no se habían enterado de que uno de los involucrados era el ex ministro de Producción hasta horas después del allanamiento. En esta línea, aclaró que no hubo ninguna intencionalidad política y consideró que Álvarez Morales es una excelente persona y un hombre del partido. Circo
En cambio no dudó en señalar que el gobierno de Chaco intentó montar un circo y recordó que ese día fueron sorprendidos por la llegada a Catamarca del ministro de Gobierno de esa provincia, Juan Manuel Pedrini. También aclaró que en la conferencia de prensa que se dio en la jefatura de la Policía no se dieron los nombres de las personas involucradas y sólo se brindaron detalles del operativo que se realizó en la finca.
De igual modo señaló que la Provincia aportó para la defensa de Álvarez Morales el informe del Programa Antiimpunidad que certificaba que en territorio catamarqueño no había existido trata de personas.
