Ayer se cumplieron dos años de la intervención estatal a la empresa distribuidora de energía de la provincia, EDECAT S.A., sin que hasta el momento se haya resuelto la situación legal de fondo de la empresa, esto es, una nueva licitación o la reestatización definitiva, tal como sucedió con el servicio de agua potable y cloacas.
El 24 de octubre de 2008, el gobernador Eduardo Brizuela del Moral puso la firma al decreto que ordenó la ejecución de la garantía prendaria, por lo que el Estado provincial tomó el control del 51% de las acciones clase A y nombró cuatro directores que se encargaron de la administración.
La decisión era consecuencia de una crisis inédita del servicio en los días previos, agravada por una medida gremial que llevó la prestación al borde del colapso. El ingreso de los directores estatales en la distribuidora puso fin a más de una década de la polémica gestión privada que estuvo en manos de la familia Taselli.
A lo largo de varios meses, los directores nombrados por Brizuela tuvieron incontables problemas para poder ordenar la gestión. Es que al momento del hacerse cargo, se encontraron con que faltaban bases de datos y, sorpresivamente, aparecieron supuestos proveedores a reclamar pagos. A su vez, se realizaron denuncias penales por supuestas maniobras de vaciamiento.
El Gobierno tenía 120 días para confeccionar los pliegos de venta de las acciones y decidir cómo seguiría la prestación. Sin embargo, esta operación nunca se concretó.
La empresa no pudo revertir una mala situación financiera. Por eso necesitó una millonaria asistencia estatal para pagar los consumos a su proveedora de energía, a lo que se sumaron las obras a financiadas por la Provincia.A pesar de que había un plazo, nunca se puso en venta las acciones clase A de la empresa
