El CD tinosgasteño decidió suspender a la auditora Rosa Muñoz

Aplicaron el artículo 174 de la Carta Orgánica para el desplazamiento temporario.

9 de enero de 2010 - 00:00

En una sesión extraordinaria que realizó ayer el Concejo Deliberante de Tinogasta los ediles del Frente Cívico decidieron suspender por el término de seis meses a la actual Auditora Municipal, Rosa Muñoz, implicada en varias causas junto al ex intendente Hugo Avila. Los concejales suspendieron a Muñoz a partir de la aplicación del artículo 174 de la Carta Orgánica Municipal, el cual establece que, un funcionario o empleado sobre el cual pese una imputación firme por un delito doloso con incidencia funcional debe ser separado del cargo por seis meses.

Pasado ese tiempo, si no hay otra novedad, el imputado podrá reasumir en sus funciones sin perjuicio de lo que establezca posteriormente la Justicia, acotó el concejal Guillermo Sesto a El Ancasti.

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El edil oficialista señaló que, para tomar la determinación, se basaron en un informe remitido al CD por el Ejecutivo Municipal en el que se detallan 30 hechos donde están en calidad de imputados el ex intendente Avila y la actual Auditora, que en ese entonces era secretaria de Hacienda del Municipio.

Sesto indicó que Muñoz fue suspendida por unanimidad a partir de que quedara firme la imputación en su contra. Está relacionado con la causa por la supuesta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública en concurso ideal, con incumplimiento de los deberes de funcionario público, recordó.

Y agregó: No vulneramos el derecho de defensa (de Muñoz) ni emitimos ninguna opinión. Solo aplicamos la Carta Orgánica.

A fines del mes de noviembre del año pasado la Fiscalía ordenó la detención de Ávila y Muñoz en el marco de la investigación que se lleva adelante en la denuncia por malversación de fondos de regalías mineras.

Aconsejada por sus abogados, Muñoz prefirió no hacer declaraciones a la prensa. Recién la semana entrante emitiría su opinión sobre la movida del CD. En la casusa contra Avila y Muñoz se calcula un daño al erario público por $ 1.300.000.