Investigan supuesta usurpación de Minas Capillitas

6 de enero de 2010 - 00:00

La justicia investiga el presunto robo y usurpación del predio de Minas Capillitas, ubicado en Andalgalá. La investigación involucra a la diputada nacional del PRO Silvia Majdalani. El predio pertenece a Fabricaciones Militares y fue cedido circunstancialmente a manos privadas, a raíz de un contrato de exploración y explotación minera firmado durante el gobierno de Carlos Menem.

La información fue publicada por el matutino porteño INFOBAE.

Majdalani aparece imputada por su participación en la empresa Minera Andina SA, que en diciembre de 1991 firmó un convenio con Fabricaciones Militares (DGFM) por la exploración y eventual explotación minera del complejo Mina Capillitas, ubicado en el departamento catamarqueño de Andalgalá.

En la causa 28.084 se investiga la conducta de los responsables de Víctor M. Contreras y Cía. SA y de su controlada Minera Andina SA -que contaba en su órgano ejecutivo con Majdalani-, tras la resolución del contrato que celebraron con DGFM el 10 de diciembre de 1991.

Frente al incumplimiento de las obligaciones pactadas -pues a criterio de la DGFM, no se habría superado siquiera la primera etapa- esta entidad no sólo vedó la autorización para que Minera Andina SA comenzase la segunda de las etapas previstas -explotación- sino que el 3 de diciembre de 1998 dispuso unilateralmente la resolución del contrato mencionado; decisión que fue confirmada por el Ministro de Economía de la Nación el 3 de diciembre de 2002, sostiene una resolución de la Cámara Federal porteña.

Sin embargo,las firmas integradas por los imputados habrían continuado ocupando el predio minero hasta el mes de febrero de 2007 y además lo habrían explotado desde la suscripción del contrato al que se viene haciendo referencia, es decir, desde el 10 de diciembre de 1991, cuando, como se dijo, ello sólo podía ser llevado a cabo -conforme sus cláusulas- previa autorización de la DGFM.

El material extraído de ese predio es rodocrosita o Rosa del Inca, una piedra preciosa considerada en el ámbito minero como la piedra nacional argentina.

Majdalani y otros imputados habían sido sobreseídos en primera instancia por el juez federal Norberto Oyarbide, pero el 10 de septiembre pasado la Sala Segunda de la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocó la medida.

Para ello, tomó en cuenta que el 18 de abril de 2006 el predio catamarqueño fue desalojado por disposición de un tribunal en lo Civil y Comercial federal, y atento a que no puede descartarse que dicha ocupación sea constitutiva de privación de la ocupación del predio a su propietario, es decir, de despojo, bajo la modalidad de abuso de confianza. Esa figura está contemplada en el artículo 181 del Código Penal bajo el título de usurpación, y contempla penas de entre seis meses y tres años de cárcel.

Los camaristas tampoco descartaron que el delito en que pudieron haber incurrido los imputados fuera apoderamiento ilegítimo de cosa mueble ajena con fuerza en las cosas para lograr su perpetración, identificado en el Código Penal en el artículo 164 bajo el título de Robo y reprimido con prisión de un mes a seis años.

El 22 de diciembre pasado, la Cámara Federal porteña avaló la declaración de incompetencia del juez Oyarbide, de modo tal que la investigación estará ahora a cargo de la Justicia Federal de Catamarca.

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