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Serias limitaciones del TC para el control de los funcionarios

Muchos expedientes quedan paralizados cuando los involucrados son funcionarios sujetos al juicio político. En esos casos el TC no puede juzgarlos.
17 de enero de 2010 - 00:00
El Tribunal de Cuentas es una de las instituciones que demanda de urgente modernización si es que pretende cumplir con la obligación de fiscalizar la percepción e inversión de los caudales públicos hechos por todos los funcionarios y administradores de la Provincia, municipalidades y comuna, tal como lo establece la ley 4621/4637 de creación del Tribunal de Cuentas.

La normativa data de la intervención federal y ha quedado añeja para su aplicación por el sobredimensionamiento del Estado provincial y el surgimiento de nuevas obligaciones como el control de los recursos provenientes de las regalías mineras. La experiencia de los auditores del Tribunal indica que hoy la norma tiene vacíos legales, contradicciones y hasta limitantes que condicionan el trabajo del organismo.

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Una de las mayores restricciones al control está en la misma ley . Así el artículo 33 fija la suspensión de las actuaciones cuando la responsabilidad pudiera alcanzar a los legisladores y funcionarios que están sujetos a juicio político. La ley establece que el Tribunal de Cuentas comunicará a la Legislatura y reservará las actuaciones hasta que haya cesado en su cargo. Recién en esa oportunidad el organismo podrá traerlo a su jurisdicción a los efectos de fijar su responsabilidad.

En la aplicación práctica de la ley este artículo representa un condicionamiento porque incluye a ministros, intendentes, concejales y hasta secretarios de algunas municipalidades con Carta Orgánica. Así cuando llega una actuación de algún funcionario que pasó a ocupar un cargo electivo debe suspenderse la investigación. Es el caso de los secretarios que acompañan al intendente de la Capital Ricardo Guzmán, y los funcionarios que asumieron con acuerdo del Concejo Deliberante como el tesorero y el contador, porque están sujetos al juicio político (art.155 de la Carta Orgánica Municipal) y por lo tanto están exentos de la lupa del Tribunal hasta que finalizan sus mandatos.

Para graficarlo como ejemplo se puede tomar el caso de Blanca Monllau que se desempeñó como subsecretaria de Educación y que asumió en diciembre como senadora nacional. A partir de su nueva función el Tribunal debió paralizar el análisis de la responsabilidad en su gestión. De esta manera el TC puede realizar el examen de las cuentas o el sumario pero no pueden avanzar hasta el juicio de cuentas o de responsabilidad.

Pero además hay funcionarios del oficialismo que en 25 años de democracia lograron escapar de todo tipo de controles porque fueron ministros, después legisladores, quizás intendentes y se mantienen en una constante rotación de cargos que inmoviliza cualquier investigación.

En síntesis muchas investigaciones y sumarios no pueden concluir en un fallo porque la misma ley impide que el funcionario se presente a aclarar su situación.
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