Ninguna de las autoridades vinculadas al servicio energético de la Provincia quiso hablar acerca de esta intimación de Cammesa, cuyas consecuencias no se conocen a ciencia cierta pero que, sin dudas, resentirán el servicio que presta EDECAT.
Ni los directivos de EDECAT -hay cuatro funcionarios provinciales administrando la mayoría accionaria de la Provincia desde octubre- ni desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos quisieron hacer declaraciones ante un tema que, sin dudas, les preocupa. En el Gobierno consideran que es EDECAT, a través de sus autoridades, la que tiene que dar las explicaciones por las consecuencias que tendrá la mora; y se escudan en que el hecho de que la empresa sigue siendo privada, pese a la participación estatal, retomada tras ejecutar la garantía prendaria. Desde EDECAT prefirieron no hablar y se limitaron a informar que la empresa reiteró un pedido de audiencia con el presidente de Cammesa.
