El Gobierno busca quedarse con las acciones de EDECAT

La Justicia sigue el trámite para subastar la mayoría accionaria de la prestataria del servicio eléctrico.

25 de mayo de 2009 - 00:00

Mientras la ejecución de la garantía prendaria de la empresa EDECAT continúa siendo tramitada en la Justicia provincial, el Gobierno ya habría definido que adquirirá la mayoría accionaria para evitar que un privado pueda quedarse con el control de la operadora del servicio eléctrico provincial. Sin embargo, aún no hay una resolución sobre si se convocará a una nueva licitación o si se reestatizará definitivamente la firma, como sucedió con la empresa de agua y cloacas de Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

El asesor general del Gobierno, Guillermo Rafael Dalla Lasta, recordó que el contrato de privatización del servicio eléctrico tenía una prenda comercial, consistente en el 51 por ciento de las acciones clase A.

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A fines de octubre del año pasado, la Provincia decidió ejecutar esa garantía como una manera de hacerse cargo rápidamente de la prestación eléctrica, desplazando de esta manera a la familia Taselli de la conducción de EDECAT.

Ponía fin así a más de una década de una polémica prestación, en el contexto en que una protesta laboral terminó afectando notablemente el servicio.

Dalla Lasta dijo que la ejecución de la garantía que había presentado IATE -la empresa controlante de la privatizada-, debe ser decidida en ámbito judicial, y que consiste en una subasta pública al mejor postor de las acciones.

Con el producto de esa venta es con lo que se indemnizará a los antiguos propietarios.

Una de las cuestiones que más está demorando una resolución es que, en lo que se considera una maniobra para evitar la entrega de los libros de gestión a los directivos nombrados por el Estado provincial en la empresa, IATE envió a finales de 2008 dos camiones con documentación a la Justicia, que aún no terminó de ser clasificada.

La falta de estos papeles terminó no solamente dilatando los plazos judiciales, sino que además complicó mucho a la nueva administración de la empresa de energía provincial. Acciones

El asesor legal de la gobernación dijo que está vigente una medida cautelar presentada por la Provincia, que fue la que permitió convalidar a los directores nombrados por el gobernador Eduardo Brizuela del Moral el año pasado.

El Estado tiene los derechos políticos de la empresa, porque es la prestadora de un servicio público, explicó el funcionario, con respecto a la posible decisión de reestatizar el servicio.

En forma paralela a la ejecución prendaria, a nivel administrativo hay dos recursos presentados por IATE, uno en contra del decreto de intervención y otro en el que pide la rescisión del contrato de concesión por culpa del Estado.