12 de mayo de 2009 - 00:00
El Gobierno acumula reclamos por el tope salarial
Hay presentaciones administrativas y judiciales que, hasta ahora, no tuvieron éxito. El tope pretendía que empleados no puedan alcanzar los sueldos de funcionarios y así, mantener jerarquías. Pero quedó desvirtuado y terminó achicando la pirámide salarial.
El Ancasti comprobó que al haber negativo tope van a parar cifras de entre 500 a 4.800 pesos, ya que en cada caso entran en juego adicionales relacionados con las funciones que desempeña cada agente y con atributos personales, como antigüedad y título.
Esta situación afecta principalmente a profesionales de carrera de Vialidad Provincial, de la Administración de Juegos y Seguros, a los auditores de Contaduría y Tesorería General de Gobierno y a los auditores médicos de OSEP. También a personas que tienen dos cargos en la Provincia. Los empleados de Rentas también tenían sus haberes limitados hasta que, tras un paro de 40 días, el año pasado consiguieron que se les reconozca un adicional por recaudación por fuera del tope.
Quienes no están topeados son los docentes y la Policía. A ambos, el Estado les paga, por fuera del tope, el adicional por antigüedad y zona. Justamente esta desigualdad entre empleados provinciales es uno de los argumentos esgrimidos por los topeados para pedir la modificación de este límite. Trato desigual
Otra crítica de los topeados es la diferente vara con que se mide a empleados y planta política. Es que la escala salarial que rige para el Gobernador y sus funcionarios los habilita a percibir, además de la remuneración establecida por decreto (por ejemplo, 7.164 pesos para el Gobernador) una serie de adicionales por fuera de esa escala. Así, por caso, el haber de Brizuela se eleva a casi 11 mil pesos, porque se suma sus casi 20 años en la administración pública y el reconocimiento de su título de ingeniero agrimensor.
Si el Gobernador cobra por fuera de la escala salarial antigüedad y título, nosotros también deberíamos percibir esos adicionales, que son atributos personales de cada trabajador, por fuera del tope, reclamaba uno de los agentes topeados.
El malestar se acrecentó hace al menos tres años, debido a que los empleados afectados no tuvieron mejoras en sus haberes desde entonces, pese a los sucesivos incrementos que otorgó el Gobernador y que, en 2008, rondaron el 40%. En realidad, los recibieron pero fueron directo a engrosar el haber negativo.
Además se generó una injusta igualdad entre los agentes de un mismo organismo ya que, por caso, un auditor contable que recién ingresa cobra lo mismo que uno que tiene 30 años de servicio. A esto se suma otro detalle: que los haberes sobre los que se aplican los aportes previsionales no son los totales sino los que efectivamente cobran, es decir, sobre los 4.500, con la consecuente merma que sufrirán al momento del retiro.CLAVES
- El tope salarial está fijado en el índice 1,35 y equivale actualmente a 4.500 pesos.
- Ése es el haber máximo que puede cobrar un agente público, independientemente de su antigüedad y sus responsabilidades.
- Los docentes, policías y funcionarios no están topeados. Desde fines de 2008, tampoco los agentes de Rentas.
- Los topeados cuestionan la desigualdad en el trato de los empleados públicos.
- El tope aplastó la pirámide salarial y desvirtuó la carrera administrativa.El atajo en la Capital
Mientras la pelea por la escala y el tope salariales se da en la Provincia, la Municipalidad de la Capital es un mundo aparte.
Es que, a partir de una ordenanza aprobada por los concejales capitalinos en enero de 2006, la escala salarial para funcionarios y concejales en la comuna se calcula en función del haber total del Gobernador, es decir que toman en cuenta incluso los adicionales por título y por antigüedad que, en realidad, son atributos personales y que varían en función de la historia laboral de cada persona. Así, la escala que rige en la Capital comienza, para el intendente, con un haber estipulado en el 90% de sueldo total del Gobernador, incluida su antigüedad y el valor que recibe por su título universitario.
Este atajo en la determinación de la política salarial municipal ha permitido que, por caso, un edil capitalino cobre más que algunos ministros de la Provincia cuando, claro está, las responsabilidades y funciones son bien distintas.
Pese a esta escala implementada en la Capital, existe jurisprudencia que establece que el sueldo del Gobernador tiene solo tres ítems: la asignación por categoría ($4.940), compensación por canasta familiar (1.734) y adicional por responsabilidad ($490) y sobre esos conceptos es que deberían calcularse los haberes de menor jerarquía.Antecedentes judiciales y administrativos
Son numerosas las presentaciones tanto administrativas como judiciales realizadas por los empleados afectados con la intención de eliminar el tope o, por lo menos, conseguir que algunos conceptos -como los adicionales por título y antigüedad- sean pagados por fuera del tope salarial.
Sin embargo, hasta ahora esas presentaciones fracasaron, sea porque la Justicia las rechazó al considerar que no era la vía adecuada o bien porque el Ejecutivo jamás respondió los reclamos realizados por los trabajadores.
Uno de los reclamos más recientes -que cobra magnitud porque fue una presentación colectiva avalada por la firma de más de cien empleados de distintas reparticiones- data de noviembre del año pasado.
En ella, empleados de Vialidad Provincial, Rentas, Administración de Juegos y Seguros, OSEP y Contaduría General de Gobierno solicitan al Gobernador que elimine o por lo menos modifique el tope salarial, ya que genera un alto perjuicio económico, además de resultar discriminatorio y carente de incentivo alguno para la productividad en la gestión diaria.
Esta metodología tiene efectos negativos, ya que para un importante número de empleados no existe la tan mentada recomposición salarial y produce también un aplastamiento de la pirámide salarial, igualando niveles hacia abajo, con la consiguiente afectación en la estructura de cargos y un alto grado de insatisfacción para personas fundamentales en cualquier gestión del estado, fundamentan los firmantes.
La pretensión mínima de los topeados es que se excluya del tope salarial todos aquellos conceptos que hacen a los atributos personales de los agentes. Sin embargo, hasta hoy, ese petitorio descansa en la Secretaría Privada de la Gobernación sin que ninguna autoridad de Gobierno haya ofrecido respuesta alguna.
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