Por ejemplo, un jubilado con el haber mínimo, para obtener 3.000 pesos en una financiera local, deberá endeudarse por dos años y pagar cuotas de 320 pesos cada una. Al final de los 24 meses, habrá reintegrado 7.680 pesos, un 156% más de lo que le prestaron. Y eso que aquí no cobramos la cuota social, adviertía el vendedor, remarcando que hay mutuales que, aún con el crédito cancelado, siguen debitando esa cuota del jubilado que se convierte, sin buscarlo, en aportante vitalicio de una cuota social que va a parar a las arcas de la usura. Las casas de electrodomésticos con ventas en largas y cómodas cuotas también terminan encubriendo una relación crediticia con altos intereses.
Mientras la voracidad usurera sigue ensañándose con los más pobres y los excluidos del sistema financiero formal, los controles que realiza la Dirección de Comercio se limitan a evaluar que los comercios den la información completa al tomador del crédito. Verificamos que el consumidor conozca la tasa de interés del préstamos, la cantidad de cuotas, el precio total financiado, que se le otorgue el doble ejemplar del contrato, enumera Nieva pero admiten que no tienen facultades para cuestionar ni limitar las tasas usureras. Para eso haría falta una legislación nacional que imponga topes a los intereses de préstamos personales, admite el funcionario.
Si esas son las reglas de juego en los comercios habilitados, no hace falta advertir lo que sucede con los prestamistas que dan dinero ‘sin papeles’ en cuevas financieras que funcionan en bares, casas particulares y demás.Los controles oficiales se limitan a evaluar que se dé información veraz al cliente. Armas legales? La Ley de Defensa del Consumidor es el arma principal de la que se puede valer la Dirección de Comercio para controlar tanto a las financieras como a cualquier otro comercio.
? La usura está encuadrada como delito en el Código Penal y también contemplada por el Código Civil. Pero para que sea penada como tal, la víctima tiene que hacer la denuncia judicial.
? Una ley contra la usura fue aprobada en noviembre de 2007 por los diputados. Desde entonces espera tratamiento en el Senado.
