“En la práctica, hacemos concursos de precios”

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30 de septiembre de 2006 - 00:00

La secretaria de Desarrollo Social, Marta Torres de Mansilla, defendió el mecanismo de “contratación directa por significación económica” que aplica ese organismo para la adquisición de elementos de asistencialismo, especialmente alimentos y lo comparó -por las características de los requisitos-, con un concurso de precios.

“Esta contrataciones reúnen todos los requisitos y condiciones propias de una licitación pública o un concurso de precios, entonces, es el nombre lo que resulta contradictorio con la realidad del procedimiento contractual que se sigue”, señaló la funcionaria, quien reconoció que no le “gusta el nombre de contratación directa, porque no lo es, es un concurso de precios, tal cual, sólo que el tope de la contratación directa ($200.000) es más conveniente y nos permite el desdoblamiento sin violar la Ley de Administración Financiera”.

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Enfatizó que “lejos de violarse las normas, sumamos requisitos y nos autoimpusimos exigencias como la publicidad en los diarios y la obligatoriedad de los oferentes de estar inscriptos en el Registro de Proveedores”.

En diálogo con EL ANCASTI, la funcionaria dijo que el mecanismo de la licitación es engorroso y lento, de tal modo que sugirió que los legisladores comiencen a trabajar en la implementación de la Licitación Pública Abreviada, tal cual, rige en otras jurisdicciones del país.

Torres de Mansilla dijo que desde el inicio de su gestión se previó utilizar la licitación para generar stock que permita afrontar, sin sobresaltos, los programas alimentarios, pero exhibió los antecedentes de los últimos llamados que tuvieron demoras de casi 6 meses y no permitieron cumplir ese cometido. En esa línea, remarcó el caso de una licitación que fracasó el último día cuando el Tribunal de Cuentas objetó el procedimiento para obtener el valor del estampillado correspondiente al Impuesto a los Sellos.

Explicó que al caerse una licitación, o demorarse más de la cuenta a causa de un largo proceso burocrático que implica dictámenes e informes de distintas áreas de gobierno, se produce un bache que obliga a hacer una compra directa para sostener el programa alimentario en el interior, que hoy alcanza un universo de 30 mil beneficiarios.

Por otro lado, aseguró que el organismo a su mando está “cumpliendo con la reglamentación, haciéndolo de un modo más directo, al amparo de otros instrumentos legales que me dan agilidad y que paralelamente le meten un montón de exigencias a los proveedores que antes no se tenían en cuenta. Hay gente que nunca era llamada a cotizar y ahora con la publicación se abre el juego a todo el mundo”.

Además, dijo que se pone en práctica la Ley del Compre y Contrate Preferentemente Catamarqueño, pero para evitar “jugarretas de los proveedores locales, se invita a otros a competir y ahí se equilibran las cargas y se equilibran los precios porque hemos tenido mejores, hay más variedad y mayor calidad”.

Finalmente, Torres de Mansilla reconoció que hay grupos de proveedores que actúan en una suerte de banda con el objetivo de ganar la mayor cantidad de contrataciones. “Nosotros podemos hacer un régimen normativo, prever en la medida que podamos imaginar cómo se les va ocurrir escurrirse y atenernos al cumplimiento estricto de la ley, ahora, que se subdividan en firmas distintas para competir consigo mismo, ¿quién lo impide? Y de hecho lo hacen. O que ante un llamado de compra se pongan de acuerdo en que uno vende zapatillas, el otro camperas; todos se presentan, cumplen el procedimiento en una aparente competencia, pero resulta que lo tenían listo de antemano, conocen muy bien el procedimiento. Por eso, si se pusieron de acuerdo no lo vamos a poder saber nunca. Que nosotros actuemos conforme a derecho, a ellos no les impide acuerdos de ese tipo, pero deben saber que nosotros nos ajustamos a la norma, y seguro que están molestos porque más de un callo hemos pisado respecto de prácticas que pueden haber sido habituales”.

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Marta Torres de Mansilla admitió que las trabas burocráticas de las licitaciones públicas hacen inviable el uso de ese mecanismo administrativo.

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