La falta de reglamentación del artículo 5 de la ley que regula la distribución y administración de las regalías mineras por parte de los municipios deja la puerta abierta a la interpretación de los intendentes, que en algunos casos desvirtuaron los objetivos establecidos para que estos fondos, que las empresas pagan como compensación por la explotación de recursos no renovables, se destinen a proyectos que promuevan actividades productivas sustentables cuando los yacimientos se agoten.
La controversia paradigmática en este sentido es la que se desató en Andalgalá, donde el intendente, José Perea, pretendía gastar 885 mil pesos de las regalías para comprar un terreno de sólo 4,5 hectáreas y construir en él una terminal de ómnibus.
La iniciativa de Perea fue aprobada por el Concejo Deliberante en una sesión polémica, en la que los dos concejales del lord mayor conformaron la mayoría con los radicales Jorge Acevedo, Jorge Boggio y Juan Rojano para habilitar el proyecto.
Además de la discusión en torno a si la construcción de una nueva terminal se inscribía en los criterios de desarrollo económico planteados en la ley de regalías, fue cuestionado por la oposición el precio fijado para la parcela, que supera los 200 mil pesos por hectárea.
Perea lo aceptó a pesar de que existía una tasación que fijaba el valor del terreno en poco más de 500 mil pesos. Aunque la tenía en su poder porque la había pedido el propio municipio, el intendente no la incluyó en el expediente elevado al Concejo Deliberante.
Las objeciones se interpusieron en la justicia y en el Tribunal de Cuentas.
El juez Scipión Scidá ordenó suspender el trámite administrativo de la compra en base a un recurso de amparo presentado por el concejal del ARI Luis Valdez.
El Tribunal de Cuentas, por su parte, devolvió las actuaciones a la comuna porque el proyecto de la terminal no formaba parte de una propuesta integral de desarrollo y, además, no se había seguido los pasos legales correctos para autorizar la operación inmobiliaria, ya que por los montos involucrados debería haberse realizado al menos un concurso de precios.
Pero no sólo la compra del terreno generó debates en Andalgalá. El año pasado, Perea adquirió con recursos de las regalías un autobomba para los bomberos de Andalgalá sin respetar una resolución del Tribunal de Cuentas que taxativamente desautorizaba la adquisición por no responder a los principios fijados en la ley de regalías.
Sobre este tema, el organismo de control se expedirá cuando realice la auditoría anual que debe hacer de acuerdo a la ley e informará al Gobierno, que, por su parte, está facultado para suspender el depósito de los fondos si los municipios no cumplen.
