Los abogados de la denunciante afirmaron que la mujer no acudió antes a la Justicia por miedo a represalias laborales y a un posible despido.
Ibáñez y Jerez, representantes legales de la mujer, brindaron detalles sobre la presentación judicial.
Los abogados Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez, representantes de la exempleada que denunció por presunto abuso sexual a un trabajador administrativo de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), afirmaron que el temor a perder el empleo habría sido el motivo por el cual la presentación judicial no se realizó con anterioridad.
En una entrevista en el programa Mañana Central que se emite por Ancasti Streaming, los letrados explicaron: “Ella no denunció antes porque estaba sometida a un mecanismo de coacción, por parte del sujeto y del entorno del sindicato, que le hacía temer perder su trabajo”, señaló Ibáñez.
Agregaron que, según el relato de la asistida, el acusado le habría dicho: “Nadie te va a creer, a mí me respalda la Secretaría General, y lo único que vas a hacer es perder tu trabajo”. Jerez precisó que “estos son casos en los que la víctima se siente totalmente controlada y paralizada por el miedo, hasta que logra romper ese círculo de violencia”. De acuerdo con lo expuesto por Ibáñez, los hechos denunciados habrían ocurrido en más de una oportunidad durante 2023 y nuevamente en enero de este año. Según indicaron, este último habría sucedido en la sede del gremio.
Los abogados indicaron que, antes de formalizar la presentación, la denunciante recibió asistencia psicológica y psiquiátrica debido a un cuadro de estrés. “Fue fundamental estabilizar su psiquis para que pudiera hablar con claridad y sin riesgo de reactivarse emocionalmente”, explicó Ibáñez. La denuncia se radicó luego de que la mujer obtuviera el alta médica para declarar ante la autoridad judicial, incorporando en el expediente documentación vinculada a su tratamiento de salud mental.
“La denuncia no solo busca justicia para nuestra asistida, sino también visibilizar cómo la asimetría de poder en ámbitos laborales puede condicionar la decisión de denunciar”, señaló Ibáñez. Explicaron que la causa fue presentada ante la Fiscalía General y remitida a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.
