“Mis tormentos psicológicos no me hacen bien. Trato de seguir mi vida normalmente, por eso trato de alejarme. Por un lado, pienso de que está bueno de que quede directamente en el olvido así mi familia y yo podemos seguir tranquilos. Teníamos miedo también de que llegasen a ser juzgados estos individuos y que pudiesen llegar a tomar represalias. Alguna vez intentaron hacerlo, por el cual dictaron un hábeas corpus para mi familia y para mí”.
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"Si la causa queda en el olvido, mi familia y yo podemos seguir tranquilos"
Ricardo Paucará siente que su causa ya está perdida. Más aun tras conocer el veredicto por el crimen de Diego Pachao, que tuvo a policías en el banquillo de los acusados. Paucará, que recibió una brutal golpiza en 2015 y derivó en la imputación de cinco policías, consideró que “no tiene caso” seguir avanzando porque “siempre hay algo” para impedirlo.
El hombre dijo a El Ancasti que no le parecen “muy transparentes” las medidas que se fueron tomando e indicó que hay “trabas que se van poniendo para que vuelva a archivarse la causa”.
Consultado sobre si para él es un asunto perdido, respondió: “La verdad que sí, es así. Estoy, lamentablemente, convencido de que es así. La Justicia es muy complicada, más en una provincia como la nuestra, que le falta avanzar en criterio de leyes. Dentro de un tiempito más ya quedará en el olvido”.
Paucará remarcó que ya pasaron “muchísimos años” y la causa “no avanza”. Hasta recordó que “cuando quiso tomar vuelo, volvió a ser archivada”.
El caso
Ocurrió el 20 de julio de 2015 cuando policías encapuchados interceptaron un taxi que trasladaba a Paucará junto a sus hermanos. Lo sacaron del rodado y lo llevaron en el móvil policial a la comisaría Décima. Más tarde y, por la golpiza recibida, debió ser asistido por médicos, quienes le hallaron una fisura en el intestino y decenas de hematomas internos.
Fue intervenido quirúrgicamente y le extirparon diez centímetros de intestino delgado. Recibió el alta médica tras un mes de internación y desde entonces sufre recaídas. El caso fue elevado a juicio en 2018 por la Fiscalía de Instrucción N° 2 y recaló en el Juzgado de Control de Garantías N° 2. El expediente se reflotó tras la designación de Más Saadi.
Imputados
La causa tiene como imputados a los policías Cristian López, Julio César Ponce, Juan Marcelo Picón, Lucas Ezequiel Valdez y Carlos Eduardo Romero Luján.