miércoles 23 de noviembre de 2022

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Fundamentos del Tribunal Oral Federal

"Se encontraba en una situación vulnerable que condicionaba su proceder"

Había llegado imputada en una causa por drogas, junto con su pareja. Él fue condenado a seis años y ella, absuelta.

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“¿Se puede castigar a la imputada por el solo hecho de detentar materialmente la droga en su casa y, con ello, cumplir el mandato impuesto por su esposo? Más aún… ¿Corresponde atribuirle la conducta agravada por haber mandado a su hijo a cumplir con dicho mandato ante la imposibilidad física y psíquica que le imponía su condición de embarazada de alto riesgo?”, se preguntó el Tribunal Oral Federal (TOF) de Catamarca ante la absolución de una mujer que había llegado imputada por “tenencia de estupefacientes agravada por la participación de un menor de edad”.

El pasado 26 de octubre, el TOF halló culpable a su pareja Antonio Aragón en el delito de “comercialización de estupefacientes” y como consecuencia le fijó una pena de seis años de prisión. Un tercer imputado también fue absuelto.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces Juan Carlos Reynaga, Enrique Lilljedahl y Federico Bothamley (quien participó a través de videoconferencia).

En los fundamentos, los magistrados remarcaron que la mujer “actuó bajo presión”. Ante las pruebas, consideraron que ante esta presión, ella no podía hacer frente “por encontrarse en una clara situación de subordinación frente a su ‘hombre’ o pater familia, que le imponía comportamientos que aparecían como inevitables dado que estaban destinados a cumplir con su rol frente a aquél (su esposo) y la sociedad. Esto es, proteger su casa, la familia, sus hijos y su hijo por venir. A tal efecto, no podemos dejar de marcar que, al momento de los hechos, la señora estaba embarazada de casi 9 meses, madre de seis hijos y esposa del condenado Ariel Antonio Aragón, quien en aquel momento ya se encontraba detenido”.

Los jueces valoraron el testimonio de la mujer en debate. En esa ocasión había reconocido que tenía droga en su casa. Sin embargo, advirtieron los magistrados, también apuntó que a la droga “…la fui a buscar por pedido de mi marido…”. En este contexto, la mujer detalló que su esposo “la obligó porque tenía miedo que tomaran represalias dado que tenía que devolver la droga al que se la había dado a su esposo. De hecho, señaló que ‘…recibí llamados para devolver la droga o la plata…’.

Para el TOF, este punto resulta relevante. Este testimonio fue avalado por su esposo. En el mismo debate, al declarar, se responsabilizó de la situación. “Mi mujer no tiene nada que ver… Yo estaba detenido en la comisaría y le dije que la droga estaba en el campo y le dije que entregue la droga por miedo a que a ella le pase algo…”, testificó.

Los magistrados consideraron que la mujer no estaba involucrada en la comercialización de estupefacientes. Solamente se encargó de la búsqueda encomendada por su marido.

Los magistrados valoraron el contexto de violencia en el que se encontraba

“Estamos constreñidos a ajustarnos a la lógica, el sentido común, al recto entendimiento humano y los cánones de la sana crítica racional. No podemos ser ciegos ante la revelación de circunstancias de tal magnitud. Al momento de producción de los hechos, la mujer se hallaba frente a una situación de vulnerabilidad y sometimiento que condicionaron su proceder. La mujer era esposa del hoy condenado Aragón, madre de sus seis hijos y estaba embarazada de casi nueve meses de su séptimo hijo”, se detalló.

Violencia

Párrafo aparte, los jueces del TOF destacaron que en la Convención de Belém Do Pará se indica que “entre los tipos de violencia contra la mujer a cualquier maltrato -y no cabe dudas que esta mujer los sufría de su esposo adicto-”, particularmente se etiqueta como “violencia simbólica” a aquella que es consecuencia “de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

A criterio de este Tribunal, la discriminación –y con ello la violencia– no solo se muestra de forma franca o directa, sino que suele aparecer de manera solapada, sutil o indirecta. La desatención de los requerimientos realizados por una mujer que revela en su declaración ante el Tribunal una abyecta historia personal, humillante y cargada de sometimiento personal ante su marido, que pone en riesgo su libertad personal y la seguridad de sus hijos, sin conseguir que se le preste más que una formal atención para cumplir con el acto procesal en cuestión, constituiría una velada –o no tan velada– forma de discriminar, puesto que bajo el paraguas de una práctica usual o rutinaria se podría reproducir un destrato revictimizante contra una mujer que usó las vías legales para defenderse, señalar la dominación ejercida por su marido (patriarca de la familia) y, como contracara, su subordinación como mujer”, detallaron.

A la vez, remarcaron que “ella tenía que cumplir con su rol de protectora y buscar la droga a como diera lugar ‘para proteger a sus hijos’. ¿Qué madre que no haya sufrido la violencia machista que la ubica en un rol de subordinación y cuidado no haría cualquier cosa por mantener a salvo sus hijos? La manipulación que ejercía el coimputado Aragón sobre ella es incontrastable.

Recordemos que la mujer no tenía cualquier relación con Aragón; era su pareja desde hace 20 años, madre de sus 6 hijos y madre de su séptimo hijo en camino (embarazo de casi 9 meses).

Solo es posible por los patrones culturales patriarcales y machistas que le imponen a la mujer la obediencia a ‘su hombre’, al jefe, al proveedor, al macho. Esa obediencia no sucumbe ante la prisión –por el contrario, pareciera que acrece–, ni ante el riesgo físico de la mujer ni del niño por nacer”, aseguraron.

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