Fue sobreseído en la causa por cambios de matrículas en inmuebles de Bacchiani, en el Registro de la Propiedad.
El abogado Paulo Ibáñez, que quedó sobreseído de manera definitiva en la causa que investigaba presuntas irregularidades en el Registro de la Propiedad Inmueble relacionadas con cambios de matrículas de dos inmuebles adquiridos por Edgar Adhemar Bacchiani, consideró que fue un chivo expiatorio.
La resolución quedó firme luego de que representantes de Fiscalía de Estado no se presentaran a una audiencia convocada en la Sala Penal para sostener un recurso de queja contra el fallo que ya lo había desvinculado del expediente.
Tras conocerse la decisión judicial, Ibáñez sostuvo que durante cuatro años fue responsabilizado injustamente y apuntó contra la exdirectora del Registro de la Propiedad Inmueble, Claudia Patricia Valdez, a quien señaló como la principal responsable administrativa del organismo al momento de los hechos.
“La primera responsable administrativa de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble en 2022 era Claudia Patricia Valdez, quien, además de denunciarme, impulsó mi exoneración de esa repartición junto con la Dirección Provincial de Investigaciones y Sumarios Administrativos, que depende de Fiscalía de Estado. Después de cuatro años se demostró mi inocencia y que fui un chivo expiatorio”, afirmó en diálogo con El Ancasti.
Recordó que la causa comenzó en el año 2022, cuando Valdez también denunció a las empleadas Norma Bravo y Andrea Pacheco (subalternas de Ibáñez) por “incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautoras”.
En diálogo con El Ancasti, aseguró que, a pesar de su cargo de directora, nunca respondió por lo que sucedió “y me incriminó en los medios, desmarcando mi imagen y bastardeándome, porque esa fue la forma en que ella se dirigía. Nunca dio una respuesta real sobre qué pasó”.
Ibáñez, Bravo y Pacheco fueron denunciados porque una auditoría realizada en el sistema registral acusó que alguien no había cargado en el sistema los cambios de dominio de dos inmuebles que había adquirido Edgar Adhemar Bacchiani, quien en esos días había sido detenido por la Justicia Federal por millonarias estafas, intermediación financiera no autorizada, asociación ilícita y lavado de activos.
La denuncia fue girada a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, que depende de Facundo Barros Jorrat, quien, por excesivas demoras en la tramitación de la causa, a fines de octubre de 2024 fue intimado por el juez de Control de Garantías de Primera Nominación, Héctor Rodolfo Maidana, para que en un plazo de 45 días finalice la investigación y eleve la causa a juicio.
"Me denunciaron para cubrir a otros que cometieron un error, ya sea con intención o sin intención. No cargaron los inmuebles en nombre de Bacchiani para que no fueran embargados y este después los pudiera vender. (Valdez) trató de cuidar su cabeza y la forma más fácil fue volteando a alguien que, dentro del organismo, no era un empleado más", remarcó Ibáñez, quien estuvo a cargo del Departamento Folio Real.
Poco después de realizada la denuncia, fue exonerado de la administración pública por disposición del Poder Ejecutivo y la pesquisa administrativa efectuada por Fiscalía de Estado.
"¿Cómo puede ser que a los tres nos imputaron por los mismos delitos, a mí me despidieron y ellas continúan trabajando como si nada hubiese pasado? Quedó en evidencia que existe una desigualdad absoluta ante la ley. Es lo que a mí me da miedo y por eso la seguiré hasta el final", agregó.
Hizo hincapié en que la demanda que le inició al Estado provincial cuando fue exonerado "continuará su curso hasta que me respondan por lo que me hicieron", por daños económicos, financieros, psicológicos y morales.
Después de sortear varias instancias judiciales, el caso contra los tres sospechosos fue elevado a juicio oral.
La defensa de Ibáñez, ejercida por el abogado Sebastián Ibáñez, se opuso a la resolución del fiscal Barros Jorrat, aduciendo que no había elementos de prueba para continuar con el proceso y pidió su sobreseimiento.
Además, pidió que de oficio se investigue a la empleada Etelvina Villafañe por falso testimonio, ya que habría declarado que vio cuando Paulo Ibáñez dio la orden de que no cargaran las matrículas, siendo que ella estaba de licencia.
El juez de Control hizo lugar al planteo, dispuso el sobreseimiento de Ibáñez en primera instancia y confirmó el juicio para las dos empleadas. Según fuentes judiciales, Fiscalía de Estado, representada por Victoria Eugenia Rosales y Tomás Hugo Aibar, apeló el sobreseimiento, pero el recurso fue rechazado por no estar debidamente fundamentado. Como respuesta, Fiscalía interpuso un recurso de queja y se habilitó una audiencia para que explicaran por qué consideraban que Ibáñez debía ser procesado y juzgado.
La audiencia se realizó el jueves 21 en la Sala Penal y como nadie de la Fiscalía de Estado se presentó para defender su acusación contra Ibáñez, el Tribunal dio por desistido el recurso de apelación por "incomparecencia".
Con la ausencia del organismo acusador que representa los intereses del Estado provincial, el sobreseimiento de Paulo Ibáñez quedó firme, dando sustento directamente a la demanda contenciosa y administrativa contra la Provincia por daños durante cuatro años.
"La ausencia implica una falta de respeto a los jueces de la Cámara de Apelaciones, una contradicción a su propio proceder que terminará pagando el Estado y una reprochable actitud hacia la parte acusada, que en definitiva quedó demostrado -como sostenemos desde el comienzo-, que no tuvo nada que ver con lo que se denunció", subrayó Sebastián Ibáñez.
Por otra parte destacó "el apego a la ley y a las pruebas que ha manifestado el juez de control de Garantías Santiago Ahumada Franzini, en el dictado del sobreseimento".
Los dos inmuebles que de acuerdo a la investigación no habían sido cargados a nombre de Bacchiani, iban a quedar fuera de la quiebra y del acervo económico del financista.
Esa maniobra de supuesta descapitalización en un momento en que en Catamarca arreciaban las denuncias contra Adhemar Capital SRL por estafas, tuvo fuerte repercusión local y nacional.