El municipio acusó a dos mujeres y a un hombre y pidió medidas a la Fiscalía que no actuó el día del incidente.
La Municipalidad de Santa María denunció penalmente a varias personas que con agresiones y quema de combustibles intentaron impedir el desalojo de dos carros de comida (food trucks), que por orden judicial debían ser removidos del espacio público.
La presentación judicial fue realizada ayer por la representante legal del municipio, la abogada Valeria Parra en contra de Silvana Lorenza Flores, Nahir Oviedo Vega y otras personas que serían propietarios de los carros en cuestión.
El procedimiento fue realizado por personal masculino y femenino de la Comisaría Departamental de Santa María, bomberos y trabajadores municipales, la madrugada del martes 29 de octubre y por orden del Juzgado de Faltas Municipal que el 1 de octubre había declarado en rebeldía a las personas ahora denunciadas.
Según fuentes judiciales, la declaración de rebeldía fue realizada porque en reiteradas ocasiones se les ordenó remover los dos carros que ilegalmente tenían instalados en calle Nuevo Centro, entre Siglo XX y avenida Presidente Perón, en Plaza Las Américas de esa ciudad.
El martes 29 y con el mandato judicial, los encargados del procedimiento se presentaron en la plaza pero fueron repelidos con golpes de puño, patadas y hasta con líquidos inflamables que los violentos rociaron y prendieron fuego.
La denuncia apunta a las dos mujeres y un hombre de apellido Flores, quienes al momento del operativo -megáfono en mano y grabando videos-, advirtieron: "No nos van a quitar nuestro trabajo, vamos a pelear hasta la muerte".
Sorpresivamente el hombre que llevaba un bidón blanco con líquido, roció una máquina (similar a una mulita o autoelevador), cuyo conductor debía levantar los carros y colocarlos sobre un carretón para su posterior traslado al depósito Municipal. Instantes después una de las mujeres que en sus manos tenía dos botellas de 250cc., con alcohol etílico tiró liquido en el asfalto y le prendió fuego. Las llamas se propagaron por la máquina cargadora y una pierna de un oficial de Policía que estaba a cargo de las actuaciones.
Afortunadamente y gracias a que el operativo fue llevado a cabo tomando todo tipo de previsiones -inclusive se utilizó un drone para registrar en video todo el operativo-, personal de Bomberos extinguió el fuego antes de que provoque "una tragedia irreversible que ahora podríamos estar lamentando".
Por la virulencia del ataque las tres personas debieron ser reducidas por la fuerza y puestas a resguardo dentro de los móviles policiales.
Paralelamente y al tiempo que se efectivizaba la remoción de los carros, autoridades policiales dieron intervención a la Fiscalía de Tinogasta a cargo de la fiscal subrogante Gabriela Carrizo quien –a pesar de lo relatado por los policías-, telefónicamente les informó que no iba a ordenar medidas contra los violentos.
Para el municipio, a cargo de la intendenta Érica Inga, los involucrados tuvieron un "accionar premeditado, negligente y agresivo que puso en riesgo su integridad física y la de todas las personas que se encontraban en el lugar", además de las máquinas y los mismos carros.
Se remarcó además que el desalojo fue ordenado "acertadamente en primeras horas del día a fin de resguardar a los transeúntes, terceros y bienes, atento a que no es la primera vez que estas contraventoras de permanente agresión actúan de esta manera y no se concibe que puedan llegar a estas instancias, sin ninguna consecuencia o sanción por su actuar".
"Se puso en juego bienes jurídicos protegidos y altamente valiosos y la vida, lo que podría comisionarse como un delito contra la seguridad común".
Se pudo conocer que los carros estaban estacionados sin chapas patentes ni ruedas, conectados irregularmente al alumbrado público municipal, que la estadía en ese lugar se remonta al año 2022 cuando comenzaron a trabajar con la venta de comidas hasta altas horas de la noche, y que sus propietarios no presentaron los títulos de propiedad en la Municipalidad.
