La ministra de la Corte de Justicia analizó el impacto del nuevo régimen penal juvenil, pidió contención social y se refirió a la situación procesal de Javier Galán.
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La ministra de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti, analizó los desafíos que impone la implementación del nuevo régimen penal juvenil, el trabajo que vienen haciendo en las escuelas -a través del programa "Jueces y juezas en la escuela"- para informar sobre la ley sancionada el año pasado, y brindó aclaraciones sobre la situación procesal del diputado provincial del MID, Javier Galán.
Al bajar la edad de punibilidad a los 14 años, la magistrada advirtió sobre el cambio de escenario para hechos que antes se resolvían en el ámbito escolar o familiar: "Algo que en algún momento podíamos considerar que era una travesura o un error sin consecuencias más allá de lo disciplinario, hoy es un delito y puede ser juzgado en un tribunal penal". Si bien aclaró que las penas no siempre implican cárcel, remarcó las consecuencias sociales y emocionales que arrastra un proceso judicial para los chicos.
En ese sentido, Rosales Andreotti recordó que el derecho penal es "la respuesta más violenta y más fuerte del Estado" y que debe funcionar como último recurso. Además, sostuvo que frente a un menor que delinque existe una responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado: "Nos encontramos frente a toda esta cadena de corresponsabilidades que seguramente si revisamos bien hemos incumplido en muchas de sus partes", señaló, insistiendo en que antes de pensar en el encierro hay que garantizar derechos básicos como educación, alimento y trabajo para sus familias.
Como contrapartida, destacó los resultados positivos de la mediación penal juvenil implementada este año en la provincia por permitir acuerdos y reparación del daño. También pidió a los funcionarios judiciales hacer foco en la escucha activa: "Está muy bien que los jueces hablen claro. Ahora, lo que también tendrían que intentar practicar es escuchar más para ver si no solo hablan claro para que los entiendan, sino si ellos entienden el lenguaje de las personas que les hablan".
Rosales Andreotti también repasó el estado de la causa contra el diputado provincial del MID Javier Galán. Recordó que la Cámara de Apelaciones declaró inconstitucional el planteo de caducidad de la defensa por tratarse de presuntos delitos contra la integridad sexual y que luego la Corte rechazó el recurso por una cuestión formal: "Al ser una resolución que permitía la continuidad del proceso, no tenía el carácter de definitiva y (...) no causaba un gravamen irreparable".
Con el trámite habilitado para seguir, el juez de la causa deberá definir si pide el desafuero a la Legislatura, que requiere una mayoría de dos tercios para autorizar la investigación penal preparatoria. Sobre esto, la ministra remarcó el carácter preliminar de la instancia: "Se ha establecido que hay un mérito para solicitar la investigación. Eso es todo lo que ha dicho la justicia. No es una declaración ni de culpabilidad ni de sospecha ni de ningún tipo, sino que tiene que ver con que exista la posibilidad de investigar".
