Lo cuestionó por denunciar transferencias realizadas de un organismo público hacia financieras fraudulentas.
El exministro de Desarrollo Social de la Provincia, Maximiliano Rivera, cruzó al abogado tucumano Alfredo Aydar, uno de los principales letrados querellantes por las estafas piramidales en la causa Bacchiani. Para Rivera, Aydar se dedicó a “caranchear a estafadores y estafados”. También lo señaló por “denunciar transferencias realizadas de un organismo público (por el Ministerio Desarrollo Social) hacia financieras fraudulentas”.
“Las estafas piramidales han causado un enorme daño a la sociedad en años recientes y ha habido – y sigue habiendo- algunos personajes nefastos, incluso foráneos, como Alfredo Aydar, que se han dedicado a caranchear a estafadores y estafados, sin distingos. Ahora bien, denunciar transferencias realizadas de un organismo público hacia financieras fraudulentas, más que sembrar sospechas infundadas, sólo puede pretender perseguir intereses económicos: ¿existe algo más fácilmente demostrable como una transferencia bancaria? Por supuesto que el objetivo de este personaje lamentable no es alcanzar ningún grado de verdad, sino simplemente sembrar dudas sobre algo que no tiene lugar a dudas”, remarcó Rivera.
El exfuncionario, además, recordó que Aydar se ocupó de “mencionar el asesinato del compañero Juan Carlos Rojas (también exministro de Desarrollo Social), de quien fuera compañero de bancada, quien me apoyara a lo largo de mi carrera política y sobre quien guardo los mejores recuerdos, dando a entender relaciones inexistentes entre estafas y asesinato, ni más ni menos”.
Rivera le recordó a Aydar que él “llegó a la provincia de Catamarca a ver qué pescaba en el río revuelto de las estafas piramidales, y nunca le importó defender a estafadores o estafados, siempre que pudieran costear sus cuantiosos honorarios”.
Tras marcar su posición con respecto a los dichos de Aydar, consideró que el abogado “no merece más que estas palabras que le dedico, ni merece más atención de los medios locales de comunicación, puesto que seguirle el juego es también ser cómplices de las atrocidades que afirma, que no tienen ni un ápice de verdad, que son fácilmente demostrables y que deberá aclarar en la Justicia ante la demanda que he de realizarle”.
Rivera se mostró agradecido con “la oportunidad de aclarar esta desinformación que ha circulado y aprovecho la oportunidad para resaltar el trabajo de todo el equipo de Desarrollo Social de la provincia que me ha acompañado en mi gestión como ministro, en los años más duros de la pandemia, arriesgando su salud en servicio de nuestros comprovincianos”.
Rivera hizo énfasis en que “a veces el silencio es el mejor amigo de la prudencia. No crean que ‘el que calla otorga’. Pero la vida me ha enseñado, a lo largo de los años, que no hay que gastar pólvora en chimangos y que no ofende el que quiere, sino el que puede”.
La Fiscalía Federal a cargo de Rafael Vehils Ruiz inició una investigación de oficio para determinar si las quiebras de Edgar Adhemar Bacchiani (persona física), y Adhemar Capital SRL fueron solicitadas en forma fraudulenta. Fuentes judiciales informaron que la investigación está en pleno proceso y que se ordenó una importante cantidad de medidas.
La pesquisa fue iniciada ante la presunción de que efectivamente Bacchiani podría haber incurrido en una quiebra fraudulenta, lo que derivaría en mayores perjuicios para sus acreedores. El delito está tipificado en el artículo 176 del Código Penal de la Nación, sobre “quebrados y otros deudores punibles”.
La norma prevé que será reprimido como “quebrado fraudulento”, con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de tres a 10 años, el comerciante declarado en quiebra que en fraude de sus acreedores, hubiere simulado o supuesto deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas; no haya justificado la salida o existencia de bienes que debiera tener, que haya sustraído u ocultado alguna cosa que correspondiere al total del capital; o haya concedido ventajas indebidas a cualquier acreedor.
El fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez había considerado que existían elementos suficientes como para iniciar una investigación, lo que luego fue confirmado por esa Cámara.
