Abuso de confianza. Mediante engaños, la raptó y ultrajó.
Finalmente, a más de un año de la condena del Juzgado Correccional de Segunda Nominación a un agente del Servicio Penitenciario Provincial, el fallo quedó firme. De este modo, Segundo Remigio Montivero, agente del Servicio Penitenciario, en breve será trasladado al penal para purgar su castigo.
En septiembre del año pasado, el juez Correccional Diego Chayle Costilla lo halló culpable por los delitos de “rapto” y “abuso sexual simple”. Como consecuencia, lo condenó a la pena de tres años y nueve meses de prisión. No obstante, mantenía el estado de libertad hasta tanto el fallo quedara firme.
En agosto de este año, la Corte de Justicia catamarqueña confirmó la sentencia del Juzgado Correccional. Sin embargo, el penado planteó un recurso extraordinario federal. Su intención era que su reclamo sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) pero el recurso no prosperó y la condena quedó firme. Al quedar firme el fallo, el expediente volvió al Tribunal que lo condenó para que se dé cumplimiento a la condena.
Los hechos habían ocurrido a fines de octubre de 2016 cuando la chica de 15 años caminaba sola por una avenida de la ciudad y fue abordada por el depravado, que se desplazaba a bordo de un automóvil. El sujeto detuvo el rodado y mediante engaños la hizo subir al auto. Poco después y luego de hacerle propuestas de índole sexual, la obligó a realizarle tocamientos e intentó besarla. La joven se resistió y logró huir del agresor, para luego dar aviso a sus padres. El acusado fue localizado por las cámaras y fue arrestado.
A mediados de septiembre del año pasado, el juez Correccional de Segunda Nominación, Diego Chayle Costilla, halló culpable a Montivero por el rapto y abuso sexual a una adolescente en 2016. En la primera audiencia, el acusado negó las acusaciones en su contra.
En la instancia de la última palabra, el acusado se quebró en llanto. A la vez, señaló que se “le había arruinado la vida” por este hecho.
Además, el magistrado resolvió que el penado debe resarcir económicamente a la familia de la chica con $300.000. Si bien mantenía la libertad hasta que el fallo quede firme, el magistrado le impuso diversas restricciones, entre ellas la de no tener contacto con la víctima ni con su familia.
El abuso sexual en la infancia (ASI) suele ser uno de los delitos más aberrantes contra niños, niñas y adolescentes. Los agresores suelen ser, en una gran mayoría, hombres cercanos a sus víctimas: pueden ser padres, padrastros, tíos, abuelos o primos –entre otros- cuando se trata de casos intrafamiliares. También docentes, vecinos o allegados a la familia pueden ser victimarios. El agresor sexual se vale del miedo, la culpa y la manipulación. De esta manera, promueve la impunidad en estos actos de violencia. La vulnerabilidad en estos casos reside en el hecho de que chicos y chicas, por su inocencia, condición física o sexual no comprenden la criminalidad de los ultrajes, más aún cuando el agresor es padre o un familiar cercano. “Estos agresores se aprovechan del amor y la confianza”, explicaron.
Los delitos contra la integridad sexual de chicos y chicas son de orden público. Es decir, ante la duda o sospecha de un posible ultraje, cualquier persona puede y debe hacer la denuncia. La Línea 102 de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad funciona las 24 horas, todos los días del año.
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