Tras los episodios de amenazas de ataques que afectaron a diversas instituciones escolares en Catamarca, se presentó un proyecto de ley que propone un marco normativo integral para proteger a la comunidad educativa. La iniciativa, impulsada por la diputada María Laura Quintero, surge como respuesta a la creciente ola de retos virales y mensajes intimidatorios que alteran el normal funcionamiento escolar.
Si bien la provincia cuenta con el Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas (Resolución 233/22), el proyecto sostiene que su naturaleza administrativa limita su alcance y estabilidad. Por ello, se busca otorgar jerarquía de ley a estos lineamientos para garantizar que sean obligatorios y uniformes en todo el sistema educativo, tanto público como privado.
Prevención temprana
A diferencia de un enfoque puramente punitivo, la iniciativa propone una estrategia de prevención y cuidado basada en varios pilares. El primero es la identificación de indicadores: se establecen pautas para detectar cambios de conducta, aislamiento social o manifestaciones de violencia antes de que escalen a una situación crítica.
La capacitación obligatoria es otro pilar. Tanto el personal docente como no docente deberá recibir formación en intervención en crisis y abordaje de conflictos. Por último, Ciudadanía Digital. La autoridad de aplicación deberá implementar estrategias específicas para el uso responsable de tecnologías y la identificación de riesgos en entornos digitales.
Responsabilidad
La normativa es taxativa respecto a la manipulación de elementos peligrosos: solo las fuerzas de seguridad están autorizadas para retirar armas de fuego de los establecimientos. Además, se aclara que la emisión de falsas amenazas será considerada una falta grave en el ámbito escolar, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.
Finalmente, el proyecto subraya que el objetivo último es la "recomposición de la convivencia escolar" mediante un acompañamiento posterior a los grupos afectados y el trabajo con las familias.n
