Eduardo Ignacio Murias está acusado de fotografiar a un nene sin permiso y compartir comentarios racistas en un chat.
La Justicia de Brasil resolvió procesar de manera formal a Eduardo Ignacio Murias, el arquitecto santiagueño de 63 años que se encuentra detenido por los delitos de injuria racial y racismo. La decisión agrava la situación judicial del imputado luego del episodio ocurrido a fines de mayo en un tren turístico del estado de Minas Gerais.
Según la resolución judicial, el juez a cargo decidió aceptar la denuncia presentada por el Ministerio Público y dio por concluida la etapa preliminar de investigación, abriendo formalmente el proceso penal. Murias permanece detenido desde el 25 de mayo en una unidad penitenciaria de la ciudad de São João del-Rei.
La investigación sostiene que el argentino fotografió en varias oportunidades a un nene de siete años que viajaba junto a su madre en el tren “Maria Fumaça”, el cual conecta las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes. Posteriormente, habría compartido esas imágenes en conversaciones privadas de WhatsApp con personas radicadas en Argentina.
De acuerdo con la acusación, los mensajes enviados contenían expresiones discriminatorias que asociaban al niño con la esclavitud. El hecho se descubrió cuando una pasajera que se encontraba cerca del acusado observó el contenido que aparecía en la pantalla de su teléfono celular y alertó a los otros viajeros sobre la situación.
La mujer declaró que Murias enviaba las fotografías acompañadas de comentarios ofensivos y material considerado racista. Tras ser advertida por otros pasajeros, la madre del menor revisó las imágenes y mensajes que, presuntamente, habían sido enviados por el argentino, lo que derivó en la denuncia ante las autoridades.
El fiscal Felipe Guimarães Amantéa rechazó la posibilidad de un acuerdo que evitara el juicio, argumentando que la legislación y la jurisprudencia brasileña consideran especialmente graves los delitos relacionados con el racismo.
Con el procesamiento ya confirmado, la situación judicial del acusado se complicó y podría enfrentar una condena superior a los cuatro años de prisión, una pena que en Brasil puede cumplirse bajo régimen cerrado.
Mientras tanto, la defensa del argentino adelantó que intentará revertir la acusación. Entre sus argumentos, sostiene que los mensajes fueron enviados en ámbitos privados y que no existió una manifestación pública dirigida directamente a la víctima. También cuestionará la imputación simultánea de dos delitos por considerar que podría tratarse de una doble persecución penal por los mismos hechos.
La causa ingresará ahora en la etapa de instrucción. En las próximas semanas deberán declarar la familia del niño, la pasajera que detectó los mensajes, especialistas encargados de analizar el teléfono secuestrado y el propio imputado. Una vez concluidas esas instancias, el tribunal quedará en condiciones de avanzar hacia el juicio y emitir una sentencia.
