Dispositivo de control. tobillera electrónica para los acusados.
La Justicia ordenó la prisión domiciliaria más colocación de tobilleras electrónicas para dos sujetos que están imputados en una causa por abuso sexual que se investiga en el departamento Pomán. La medida judicial fue confirmada tras el planteo de una de las defensas por cumplirse la tercera prórroga de la prisión preventiva.
El caso salió a la luz en febrero del año pasado cuando los familiares de un hombre radicaron una denuncia penal en contra de dos sujetos que habían perpetrado un ultraje. Tras haber sido individualizados, los hombres de apellido Zárate y Bambicha fueron arrestados.
La Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de Martín Camps, los imputó por el delito de "abuso sexual con acceso carnal". En marzo de 2022, la jueza de Control de Garantías de la Segunda Circunscripción Judicial, Karina Naame, les dictó la prisión preventiva por lo que los sospechosos fueron enviados al penal de Miraflores.
En un primer momento la fiscalía solicitó un plazo de 120 días hasta poder finalizar la investigación y enviar la causa a juicio. Posteriormente el fiscal Camps solicitó dos prórrogas más de 120 y 30 días.
La defensa de Bambicha, a cargo del abogado Juan Pablo Morales, realizó el pedido de cese de la prisión preventiva cuando estaba por vencerse la tercera prórroga.
La jueza Naame hizo lugar a la presentación de la defensa y ordenó que se les conceda la prisión domiciliaria en Capital, bajo la colocación de un dispositivo de control a través de una tobillera electrónica para ambos.
La causa fue enviada a juicio por la fiscalía y la defensa presentó un recurso por lo que la Cámara de Apelaciones deberá resolver en audiencia.
Hay otros antecedentes en los que los acusados son excarcelados a causa de la mora judicial que deriva en el vencimiento de la prisión preventiva.
En mayo de 2022 un fallo de la Corte de Justicia dispuso que sean excarcelados Juan Antonio Olivera y Daniela González, quienes estaban detenidos desde abril de 2019 por el homicidio de su beba, en el departamento Tinogasta.
Ambos llegaron en libertad al debate. Olivera fue condenado a prisión perpetua tras haber sido declarado culpable del delito de "homicidio agravado por el vínculo". Por su parte, González, fue absuelta de manera unánime.
El otro caso es de marzo de 2020 cuando se ordenó la excarcelación de los hermanos Juan Carlos y Matías Rojano, quienes están imputados por el homicidio de Yamil Mercado.
Ambos fueron detenidos en diciembre de 2017 y la defensa pidió la excarcelación por el vencimiento de la prisión preventiva.
El por entonces juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro, confirmó la excarcelación y les fijó una caución de un millón de pesos a cada uno.
La causa fue enviada a juicio en diciembre de 2020 y se espera que tras la feria judicial el debate oral se concrete.
