El abogado de la querella, Jaime Morales, confirmó que se solicitó la anulación de la prisión domiciliaria concedida al sacerdote Renato Rasgido, condenado a 15 años de prisión por delitos contra la integridad sexual de un menor.
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Pidieron anular la prisión domiciliaria al cura Renato Rasgido
Morales cuestionó la decisión que otorgó el beneficio al sacerdote condenado y confirmó que la querella pidió dejarla sin efecto. Ahora esperan la resolución de la Corte de Justicia.
El planteo fue realizado ante la Corte de Justicia, que deberá resolver los recursos presentados contra la decisión del juez de Ejecución Penal Eugenio Acs Acuña, quien había otorgado de manera provisoria el beneficio de prisión domiciliaria a Rasgido debido a su delicado estado de salud.
En diálogo con la prensa, uno de los abogados de la querella cuestionó la medida y sostuvo que no pudieron establecer mediante un organismo de control propio si efectivamente el condenado se encuentra en condiciones de cumplir la pena bajo esa modalidad.
“Esta querella no ha podido establecer por un ente de control propio si realmente el acusado está en condiciones de tener prisión domiciliaria”, manifestó Morales.
En ese sentido, explicó que la querella se encuentra a la espera de la decisión que adopte la Corte de Justicia a partir de los planteos realizados por las partes.
El abogado también fue crítico de la resolución del juez Acuña y consideró que fue “totalmente desacertada” al referirse a una persona que, según remarcó, “ha cometido delitos contra un menor”.
Condena
Rasgido cumple una condena firme de 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual simple y dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, agravados por su condición de ministro de culto. En julio de este año, el juez Acuña había dispuesto la prisión domiciliaria temporaria luego de recibir un informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense que señaló que su estado de salud requería una asistencia sanitaria que el Servicio Penitenciario Provincial no estaba en condiciones de brindar.
El Ministerio Público Fiscal también solicitó que se declare la nulidad de la resolución y que se realice una nueva junta médica con intervención de las partes. La querella acompañó ese planteo.