Denunciaron a un supuesto expolicía, un enfermero y a un empleado judicial por una extorsión de $7 millones. La causa fue girada a la Fiscalía de Instrucción N° 8, a cargo de Sebastián Pelisari.
Un hombre de apellido Bogas Olivera denunció que un empleado judicial y un expolicía junto a otras personas lo estafaron y extorsionaron por $7 millones, tras la venta de un auto usado por el que entregó dos automóviles en forma de pago.
Daniel Ortega, abogado patrocinante del damnificado, explicó que “un empleado judicial con un enfermero que cuenta con varias causas judiciales y su mano derecha, un expolicía que hacía de vigilante en la financiera RT Inversiones, estafaron a mi cliente con un auto que vendieron dos veces y lo transfirieron sin tenerlo esperando que surja el problema para extorsionar al damnificado, pidiéndole dinero a cambio de solucionar el inconveniente. Mientras tanto, ganan tiempo acusando el uno al otro” y así la víctima pierde tiempo y dinero.
Efectivamente, la denuncia penal fue radicada el martes de la semana pasada y girada a la fiscalía de Instrucción N° 8, por hechos que ocurrieron a fines de enero de 2023.
De acuerdo a los dichos de Bogas, el 31 de enero de ese año, a través de un vendedor de autos usados, de apellido Tula, compró un automovil Vokswagen Vento 2.5cc. a un sujeto de apellido Castro, que contaba con “todos los papeles en orden”.
Al momento de la entrega del rodado, Bogas entregó dos automotores como pago, cancelando la operación y accediendo al formulario de transferencia (N° 08), firmado por Castro y su esposa en una escribanía.
Meses después, Bogas vendió el Vento a un hombre de apellido Frías, oriundo de Tucumán, quien en abril de este año al intentar firmar el formulario N° 08 de transferencia se dio con la sorpresa de que el auto estaba registrado a nombre de un individuo de apellido Bustamente, quien supuestamente también le había comprado el auto a Castro y a su esposa.
Pasaron las semanas y la Policía de Tucumán le secuestró el auto a Frías, quien circulaba con esa irregularidad en los documentos del rodado.
Frías le reclamó a Bogas. Bogas le preguntó a Bustamante cómo es que había comprado el auto siendo que quien se lo vendió no lo tenía en su poder. Bustamante le contestó -según Bogas-, que debía hablar con un sujeto de apellido Cornejo quien “tenía contacto con Castro y que él solo resultaba una personas que prestó el nombre para que se realice la transferencia del rodado a su favor y que no era comprador del mismo”.
Bogas buscó al tal Cornejo que resultó ser empleado judicial, quien le habría exigido la suma de $7 millones a cambio de una solución para el inconveniente con los documentos.
El damnificado explicó además que la transferencia a su favor se realizó ante una escribanía días previos a que el mismo auto sea vendido a Bustamante. Se supo, además, que la transferencia del auto a nombre de este último fue ingresada a un registro del automotor 30 días después de que Bogas firmara ante un escribano. “Castro, quien sería policía por lo que él dice, trabajaría con Cornejo quien operaría con la compra y ejecución de deudas documentadas con el enfermero Bustamente, quien figura como titular del auto en cuestión”, manifestó el damnificado.
Sostuvo, además, que Castro -a quien pertenecía el auto-, “negó haber firmado el N° 08 a Bustamente al tiempo que reconoció tener deudas con Cornejo por otra operación que también involucra a Bustamente, que se tramita en el Juzgado Comercial N°1”. Para finalizar, Bogas y su abogado consideraron: “Estamos ante una clara maniobra de estafa compleja y estelionato”.n