Los ilícitos comenzaron en 2001 y siguieron hasta 2022. Intervino la Justicia Civil para frenar la venta ilegal de tierras.
Un hombre de 77 años pidió que la Fiscalía de Instrucción a cargo de Laureano Palacio acelere la tramitación de una causa por estafas contra Jorge Omar Albarracín (64), quien ya fue imputado por denuncias similares y por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una mujer de más de 75 años.
En diálogo con el Ancasti, el damnificado explicó que el perjuicio es de varios millones de pesos y advirtió que no tiene más tiempo para esperar que la Justicia resuelva la situación.
Según informó, el primer hecho de estafa ocurrió en 2001 cuando le vendió a Albarracín dos terrenos ubicados en el departamento Ambato. Los boletos de compra venta fueron firmados ante escribano público por la suma de 20 mil dólares, con el compromiso por parte del comprador de abonar 64 cuotas consecutivas en dólares, de las cuales abonó algunas, incumpliendo con lo pautado.
Pasaron los años y los pagos no se efectuaron. Albarracín argumentó que las demoras en el cumplimiento de lo acordado se debió a la muerte de familiares directos en dos accidentes de circulación. Actualmente, es representada en la querella por la abogada Silvia Barrientos.
En este contexto, el damnificado decidió iniciar una demanda civil y el sujeto le ofreció, a modo de resarcimiento y “agradecimiento” por la espera de los pagos, el ingreso a un grupo selecto de supuestos inversores para la operatoria de “negocios mineros”, en especial de litio.
Continuando con la misma dinámica, en 2017 Albarracín le habría pedido cerca de 45 mil dólares como inversión inicial para acceder al grupo que, según promocionaba, presuntamente estaba encabezado por un funcionario del Juzgado de Minas.
La oferta era tentadora. El damnificado vendió un terreno en Buenos Aires y accedió a formar parte del negocio de explotación de litio, entregando esa suma de dinero sin recibir a cambio un recibo que acredite el pago.
Según informó, Albarracín le advirtió que la plata era para alguien de ese Juzgado. Pasaron los años y el hombre nunca cobró las utilidades producidas por la mina en cuestión.
Sospechando que podía haber sido víctima de una nueva estafa, el hombre consultó en una oficina de proyectos geológicos mineros, donde le informaron que, por el nombre de la mina que le habían dado, efectivamente existía una explotación que no podía ser de litio porque estaba emplazada en una montaña de piedras, y el litio se extrae en superficies planas o llanas.
Afectado en su salud y con severos tratamientos oncológicos, el hombre perjudicado indicó que, apremiado por el paso del tiempo, también confió en Albarracín al entregarle una importante suma de dinero para que gestione la prescripción adquisitiva (usucapión), de otro terreno ubicado en el departamento Ambato, del cual tuvo la posesión por más de 30 años.
Aseguró que la operatoria terminó con Albarracín como supuesto propietario de ese inmueble que poco después comenzó a ser ofrecido en venta en lotes, a través de una inmobiliaria. Finalmente el damnificado realizó varias denuncias y una acción legal en el Juzgado Civil N°5, obteniendo un interdicto para retener la posesión y frenar las ventas fraudulentas.
