Los ocho acusados habían ofrecido resarcimiento económico y realizar trabajo comunitario en centros de salud.
La causa conocida mediáticamente como “órdenes truchas de OSEP” llegó a su capítulo definitorio al concederse la Probation a los acusados quienes deberán realizar trabajos comunitarios en centros de salud públicos, durante un año.
La probatión fue pedida por los ocho médicos que fueron acusados por presunto "fraude en perjuicio de la administración pública" en concurso ideal con "uso de instrumento privado adulterado". La Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación, integrada por los jueces Silvio Martoccia, Luis Guillamondegui y Daniela Barrionuevo, aceptó la propuesta presentada y los profesionales Juan León Córdoba Bustos, Marcelo Rolando González, Alejandro Codigoni, Hugo Leonardo Pacheco, Lilian Beatriz Pennise, Bruno Ariel Robledo, Nelson Walter Silva y Marcelo Alejandro Ubaid deberán acatar la pena que consiste en realizar trabajos comunitarios.
A principio de mes, los médicos, a través de sus defensores, presentaron un ofrecimiento integral que incluye: resarcimiento económico, cumplimiento de pautas de conducta y realización de trabajo comunitario basado en su profesión en distintos centros de atención primaria de la salud (CAPS). El resarcimiento económico asciende a $15.300.000 en total. Con este monto, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) recuperaría el dinero con valores actuales dolarizados. Según la información judicial, los acusados no cuentan con otros antecedentes penales, condición fundamental para que pueda concederse la probation.
En detalle, el médico Marcelo González, representado por el abogado Luciano Rojas, habría cobrado $10.000 y ahora ofrece $3.000.000. El abogado Herman Zalazar asiste al médico Bruno Ariel Robledo, quien habría cobrado $12.000 y su ofrecimiento es de $2.300.000.
El defensor Jorge Bracamonte (hijo) representa a Alejandro Codigoni, sospechado del cobro de $10.000, con un ofrecimiento de $2.100.000. El médico Marcelo Eduardo Ubaid, representado por el abogado Claudio Contreras, habría cobrado $5.000 y ofreció $1.000.000.
Contreras también defiende, junto a Fernando Contreras Del Pino, a los médicos Nelson Walter Silva –quien habría cobrado $7.900 y ofreció $1.500.000– y a Juan León Córdoba Bustos –quien habría recibido $10.200 y ofrece $2.000.000–.
El médico Hugo Pacheco, representado por Jorge De la Fuente, habría percibido $7.000 y hoy ofrece $1.300.000. Por último, Lilian Pennise, defendida por el abogado Iván Sarquís, habría cobrado $10.000 y su oferta es de $2.100.000.
La causa se remonta a diciembre de 2013, cuando la Comisión Directiva del Colegio Médico denunció en Fiscalía General la existencia de una gran cantidad de órdenes médicas irregulares o "truchas" que habían sido presentadas por un grupo de médicos para facturarlas a la OSEP. Según la investigación, los sindicados habrían presentado órdenes truchas a través del Círculo Médico y éstas fueron pagadas por OSEP. Este procedimiento pudo llevarse a cabo con colaboración de personas –que no fueron identificadas durante la investigación– tanto en el Círculo Médico como en OSEP. Es decir, no habrían funcionado correctamente las áreas de auditoría de ambas instituciones.
Originalmente, la causa comenzó con 12 médicos imputados. Los profesionales fueron enviados a juicio en 2019. Luego, en 2021, el fiscal de Sexta Nominación con competencia en Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, completó la investigación y envió a juicio a otros cuatro médicos: Carlos Vega Ramírez, Federico Sandez, Carlos Rafael Tolosa y Fabiana Olivato.
En diciembre de 2024, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos resolvió que del grupo de 12 médicos que fueron imputados y elevados a juicio, solo ocho vayan a debate oral por los hechos consumados. El Tribunal de Alzada desestimó los hechos que estaban caratulados en grado de tentativa al considerar que se produjo la prescripción de la acción penal. De esta manera, la Cámara, por unanimidad, decidió confirmar parcialmente la resolución del Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación. Por esta razón varios profesionales lograron el sobreseimiento en algunos hechos.
