Dispositivos. Uno para el victimario y otro para la víctima.
Los dispositivos duales que por orden judicial son instalados en personas vinculadas a causas penales son monitoreados solamente a través de los servicios de telefonía celular de dos de las tres empresas que brindan servicio de telefonía en la provincia.
La falta de cobertura no permite la utilización de los dos dispositivos (en la víctima y el victimario) y la problemática, que lleva más de un año en Catamarca, quedó expuesta esta semana a través de las redes sociales cuando un arrestado por lesiones y amenazas en el departamento La Paz fue liberado tras depositar una caución de $60.000 y recibir el dispositivo dual.
Al hombre, identificado como Ezequiel Romero, personal del Servicio Penitenciario Provincial le instaló una tobillera que quedó vinculada a la telefonía porque donde reside hay señal de una de las empresas habilitadas para el sistema.
Pero el dispositivo que recibió la víctima, que vive en un paraje de ese departamento, no pudo ser vinculado con las antenas de telefonía.
Los equipos resultaron inservibles por falta de señal. Para proteger a la víctima y no vulnerar los derechos de Romero -que por error involuntario en la edición de ayer se informó que había quedado detenido con prisión domiciliaria-, la jueza de Control de Garantías Corina Pérez le impuso una restricción de acercamiento y prohibición de ingreso a la localidad donde reside la víctima.
"Por los delitos que se le endilgan a Romero no le corresponde una prisión domiciliaria. Por lesiones leves y amenazas en concurso real, en audiencia de control de detención se le impuso caución real y colocación de dispositivo dual", explicó la jueza.
Remarcó que "donde reside el acusado sí funciona la tobillera, pero donde vive la víctima no funciona el botón antipánico porque esos dispositivos solamente funcionan cuando hay señal" de las antenas de dos empresas de telefonía.
"En casi todo el este catamarqueño no funcionan esas empresas porque casi todo el sector tiene cobertura de la otra empresa", remarcó.
Indicó que ante la limitación para proteger a la víctima "enviamos oficios al Gobernador y al Ministerio de Seguridad para ver qué podemos hacer con las personas que están en esos parajes aislados y poder controlar a los sospechosos".
Recordó que el año pasado fue habilitado un programa que fue publicado en el Boletín Oficial donde se invitó a las provincias a adherir "para que la colocación de tobilleras tenga cobertura satelital, ya que así se evitaría el uso limitado de telefonía celular y se lograría el control de los presuntos violentos y la necesaria protección de las víctimas".
En este contexto explicó que por la limitación tecnológica "le impuse la prohibición de ingreso a la localidad donde vive la víctima por tres meses, quien tendrá control de la Policía por ese mismo tiempo". Finalmente remarcó que ese juzgado se vio "obligado a solicitar una cobertura satelital para que efectivamente se pueda cumplir con la Ley Micaela, que tiene valor en todo el país".n
