La Justicia dispuso un resarcimiento millonario a víctima del Próvolo
La Iglesia Católica deberá resarcir económicamente a un interno del Instituto Próvolo
La Justicia dispuso el resarcimiento de 14 millones de pesos, que deberá pagar la Iglesia Católica a víctima de abuso sexual
La jueza María Lilen Sánchez, del Tribunal de gestión asociado número 4 de la provincia de Mendoza, dictó la primera sentencia civil referida a los abusos en elInstituto Próvolo para niños hipoacúsicos y dispuso un millonario resarcimiento económico.
De acuerdo al fallo judicial laIglesia católica deberá resarcir económicamente a un interno de esa institución con $14,4 millones de pesos, a través de la obra San José, una asociación a cargo del propio Próvolo.
La novedad judicial se conoce a cinco años del inicio de la causa judicial, que en noviembre de 2019 derivó en la condena de los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi, el primero a 45 años de prisión y el segundo a 42.
A ambos se los juzgó por haber abusado sexualmente a niños y adolescentes sordos e hipoacúsicos en el ámbito del Próvolo. En tanto, un jardinero de la misma institución, Armando Gómez, fue condenado a 18 años de prisión.
Luego de ese fallo, los familiares de las víctimas hicieron diversas manifestaciones y reclamos en el Poder Judicial de Mendoza a efectos de denunciar la injerencia de la Iglesia Católica en todo el proceso junto con el presunto abandono por parte del Estado.
En ese contexto, se conoció la sentencia de marras, que obliga a la Iglesia a pagar poco más de 14 millones de pesos.
"Es un fallo que marca un hito en la historia de la Justicia mendocina, no sólo por ser el primero en este tipo de delitos aberrantes, sino también porque se aplican normas de derecho constitucional, con absoluta perspectiva de derechos humanos, de discapacidad; se analizan las distintas situaciones particulares del caso y se le da preponderancia al valor de la justicia, porque en definitiva lo que se logró con este fallo es hacer justicia", dijeron al portal MDZ los abogados Oscar Barrera y Leandro Lanci, quienes representan a un grupo de víctimas y decidieron hacer pública la resolución judicial.