Fue considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el accidente ferroviario donde murieron 51 personas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este martes la condena a cuatro años de prisión contra el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por su responsabilidad en la Tragedia de Once, ocurrida en febrero de 2012, que provocó la muerte de 51 personas y dejó más de 700 heridos.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles los recursos presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la defensa del exfuncionario, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. De esta forma, se mantiene la pena impuesta que incluye además inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La causa comenzó en diciembre de 2015, cuando el Tribunal Oral Federal 2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, a directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) -concesionaria de la línea Sarmiento- y a exsecretarios de Transporte como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
La investigación determinó que el accidente fue causado por el deficiente mantenimiento de los trenes, pese a los subsidios estatales recibidos, sumado a una conducción imprudente. En esa instancia, se dispuso profundizar en la responsabilidad del titular de Planificación.
Tres años después, en 2018, el Tribunal Oral Federal 4 dictó una condena de cinco años y ocho meses para De Vido por fraude al Estado, al concluir que no ejerció el control necesario sobre los fondos públicos destinados a TBA, pero fue absuelto del cargo de estrago culposo, que lo vinculaba directamente al accidente y sus consecuencias.
Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez destacaron una “cadena de responsabilidades” entre De Vido y otros involucrados más cercanos a la operación diaria del servicio y advirtieron la falta de supervisión ministerial pese a alertas sobre el deterioro del sistema ferroviario.
Posteriormente, Casación avaló la condena, lo que motivó un recurso ante la Corte Suprema. Inicialmente, el máximo tribunal confirmó la absolución por estrago. Luego, en agosto de 2024, validó la culpabilidad por defraudación pero ordenó revisar la cuantía de la pena.
Esta resolución dividió opiniones: Rosenkrantz, Lorenzetti y el conjuez Mariano Borinsky formaron mayoría, argumentando inconsistencias en la sanción aplicada a De Vido en comparación con otros condenados por ambos delitos. En disidencia votaron Rosatti y la conjueza Marina Cossio.
El expediente regresó a Casación, donde en abril de este año se fijó la pena en cuatro años tras una audiencia. Tanto la fiscalía -que pedía una condena más severa- como la defensa -que buscaba una reducción- apelaron nuevamente, cuestionando la equidad del fallo en relación con figuras como Jaime. Además, los abogados de De Vido intentaron argumentar la prescripción de la causa, planteo que ahora quedó descartado con la decisión final de la Corte.
