La firma ya registraba un antecedente penal de marzo. Se investiga si el proceder encuadra en el delito de estafa o si se trata de un incumplimiento de contratos.
La investigación penal en torno a las actividades de la concesionaria "Fasil Car" sumó un nuevo capítulo tras los incidentes registrados ayer al mediodía en su local comercial de la Capital. Según confirmaron fuentes judiciales consultadas por El Ancasti, ingresó una serie de nuevas denuncias penales contra la firma y ya se iniciaron las primeras actuaciones en el marco de la causa.
El conflicto se desencadenó cuando un grupo de clientes damnificados se congregó de urgencia en la agencia tras recibir alertas de que el dueño del comercio, Fabián Chávez, se disponía a cargar los vehículos y diversos elementos en una camioneta con tráiler. Según expusieron los presentes, la rápida movilización de los perjudicados tuvo como objetivo impedir el presunto vaciamiento del local de ventas y el aparente cierre definitivo del negocio. Ante el estado de tensión, se requirió la presencia de efectivos policiales en el lugar.
Respecto al estado procesal del comerciante, fuentes ligadas a la investigación confirmaron a este diario que Chávez se encuentra actualmente demorado preventivamente, mientras el fiscal del Distrito Este, Dr. Laureano Palacios, evalúa los próximos pasos a seguir y coordina los procedimientos correspondientes.
La causa se encuentra en una etapa técnica clave, donde los investigadores deben determinar si las maniobras denunciadas configuran el delito penal de estafa o si, por el contrario, encuadran en un incumplimiento de carácter meramente contractual, una órbita que correspondería a los tribunales civiles. De todas formas, se supo que esta disyuntiva legal no frenará el avance de la pesquisa penal, la cual continuará activamente debido al volumen de presentaciones judiciales que ingresaron en las últimas horas.
La situación de la concesionaria ya registraba un antecedente judicial, dado que existe una denuncia penal previa radicada en marzo que actualmente se tramita en la Fiscalía de Instrucción N° 3, según indicaron las fuentes a El Ancasti.
A ese expediente se acoplarán ahora las nuevas presentaciones formalizadas en la Unidad Judicial N° 1 por los damnificados de la Capital. Según relataron los propios afectados, la intención es unificar las denuncias debido a que existen personas damnificadas en distintas localidades del interior provincial, como Fiambalá y El Alto, que ya cuentan con causas iniciadas en sus jurisdicciones. "Nos van a mandar los números de expediente para que el fiscal pueda ver que somos varios los afectados por este local comercial", explicó una de las denunciantes.
El caso había tomado trascendencia pública a inicios de esta semana a raíz de la presentación de una vecina de Valle Viejo, quien expuso haber abonado la totalidad de una motocicleta cero kilómetro hace cinco meses sin recibir el bien ni respuestas por parte de la empresa, incluso tras haber superado instancias de conciliación y plazos perentorios en la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor.
