Andrea Morales Leanza señaló que hizo presentaciones ante la Fiscalía de Belén y ministerios tras denunciar agresiones e irregularidades mineras en el lugar.
La representante legal de la Comunidad Indígena de Peñas Negras, Andrea Morales Leanza, advirtió sobre la delicada situación que atraviesa el territorio ante el avance de los proyectos mineros Aguas Calientes. La abogada denunció un escenario de desprotección institutional, episodios de violencia física y la falta de respuestas por parte de los organismos judiciales y del Poder Ejecutivo provincial.
En diálogo con el programa Mañana Central de Ancasti Streaming, Morales Leanza sostuvo que "la situación actual aquí es realmente catastrófica" y describió el panorama en la zona: "La situación de Peñas Negras es, como vengo expresándolo, se encuentra sitiada. Alrededor está lleno de policías. No hay posibilidad de ingreso desde Laguna Blanca a Peñas Negras por cuanto hay grupos promineros que quedan al choque, que no permiten que Peñas Negras reciba ayuda, ni que se acerque su abogada, ni nadie que intente ayudar a Peñas Negras".
La abogada señaló que los pobladores sufren agresiones continuas sin asistencia médica: "En estos últimos días han venido sufriendo golpes, heridas. Lo hemos denunciado también y no se ha hecho presente ningún sector de salud. O sea que hay un abandono total por parte del Estado, un silencio que los viene condenando a momentos de violencia constante por parte de los empresarios mineros, acompañados de la fuerza y de grupos promineros que no son de la zona".
Asimismo, cuestionó la validez legal de las autorizaciones otorgadas para la actividad extractiva en el área: "En el 2026 volvemos a hacer una presentación atacando ese acto que otorga esos pedimentos mineros por encontrarse viciado, por no tener la observancia de los requisitos legales que son para este caso. No cuenta con informe de impacto ambiental, no cuenta principalmente con la Consulta Previa, Libre e Informada a la comunidad indígena. Todo el proceso es de forma ilegal, irregular". Morales Lanza detalló que la afectación alcanza a "alrededor de 36 familias que habitan ahí en Peñas Negras" y que, en conjunto con la comunidad vecina de Jasimaná (Salta), el conflicto involucra a "alrededor de 1.000 personas, entre niños y ancianos, a los que este emprendimiento les afectaría de forma directa".
Respecto a los trámites judiciales e institucionales, afirmó haber informado a las autoridades competentes sin obtener acompañamiento ni medidas de resguardo: "Hicimos la presentación ante la Fiscalía de Belén con copia y pusimos en conocimiento al Fiscal General y a la Procuración de la Corte, o sea, está al tanto todo el sistema judicial, pidiendo que intervenga la Fiscalía en el territorio porque la comunidad ha denunciado que está sitiada".
Al referirse a la falta de garantías para ejercer su labor profesional -tras no recibir la custodia policial solicitada ante la Fiscalía de Belén para transitar por la ruta habitual de Laguna Blanca, donde denunció amenazas-, la letrada explicó que debió trasladarse hasta la localidad salteña de Jasimaná para concretar desde allí el ingreso al territorio. Sobre esta situación, concluyó: "Esto es muy triste, que uno tenga que decidir entre ejercer la profesión o arriesgar su vida. Creo que estoy cumpliendo mi deber de acompañar a la comunidad y a mí me da más seguridad ingresar a Peñas Negras por Antofagasta que ingresar por la provincia de Catamarca".
