Guillermo Díaz Martínez decidirá si se detiene a los dirigentes de la AFA. Se los investiga por lavado de dinero y por presuntos negocios ilícitos con fondos de la entidad.
El escenario judicial del fútbol argentino atraviesa un momento de máxima tensión. El juez federal N°2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, tiene el plazo legal para resolver si ordena la detención del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero, Pablo Toviggino. El pedido fue presentado formalmente por el fiscal de Santiago del Estero, Pedro Simón, en el marco de una investigación que sacude los cimientos de la casa madre del fútbol argentino.
La acusación se basa en un informe de 181 páginas que describiría una compleja red de negocios ilícitos. Según el fiscal, se habrían utilizado empresas vinculadas a Toviggino para realizar acuerdos irregulares con la propia AFA, beneficiando económicamente a sus máximos jefes. El dictamen sostiene que la entidad funcionó como el epicentro de maniobras oscuras, donde se desviaron fondos y se ocultaron activos, afectando la transparencia del deporte más popular del país.
La situación es de una gravedad institucional sin precedentes, ya que tanto Tapia como Toviggino están imputados por asociación ilícita agravada y lavado de activos. Los investigadores creen que existía una estructura organizada para sacar provecho del patrimonio de la asociación. Además, la Justicia rastrea una extensa lista de bienes y propiedades, tanto en el país como en el exterior, que formarían parte de este entramado delictivo bajo sospecha.
Mientras la opinión pública aguarda la decisión del juez catamarqueño, el fútbol argentino se enfrenta a la posibilidad real de un cambio de mando forzado por la Justicia. Díaz Martínez deberá evaluar ahora si existen pruebas suficientes para respaldar la privación de la libertad de los dirigentes, una medida que podría cambiar definitivamente el futuro de la organización rectora del fútbol nacional.