El fiscal federal Eduardo Taiano imputó a Leonardo Cositorto, el fundador de Generación Zoe, firma que se encuentra en la mira del Gobierno argentino, y del paraguayo, debido a los altos rendimientos que ofrece en dólares.
El requerimiento firmado por el fiscal, implica el comienzo de una investigación penal, donde ya se sumó la información que obtuvo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La causa que derivó en la imputación arrancó a partir de la denuncia de un particular ante el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. En esa denuncia, se acusa a la organización liderada por Cositorto de una presunta estafa y defraudación económica al fisco.
La denuncia preciso que la maniobra delictiva consiste en “captar a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad con promesas de obtener amplias riquezas sin tener que trabajar, tan solo invirtiendo 1000 dólares, ofrecen ganancias superiores a los 100.000 pesos mensuales sin hacer nada, las victimas que no tienen dinero, son obligadas a captar a 5 o 10 victimas que pongan el dinero solicitado para poder ingresar”.
Este martes, la denuncia sumó el contenido de una investigación preeliminar que realizó la PROCELAC durante la feria judicial a partir de una denuncia de la Asociación Civil Decodes (ONG Bitcoin Argentina). “Desde nuestra área de legales hace tiempo que venimos siguiendo las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo ZOE y sus responsables. Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”, dijo la ONG en ese momento.
En esa presentación se detallaba que Cositorto “creo una serie de sociedades comerciales con objetos sociales muy distintos entre si y en muy poco tiempo”. Entre marzo y diciembre de 2021 constituyo “Universidad del Trading S.A.” (26/03/21); “Zoe Construcciones S.A.” (26/03/21); “Generacion Zoe S.A.” (26/03/21), “Zoe Pets S.A.” (17/11/21), “Zoe Burger S.A.” (17/11/21), “Zoe Fitnes Gym S.A.” (9/12/21) y “Zoe Pizzas S.A.” (9/12/21).
También se destacaba que si bien Cositorto se promociona ofreciendo servicios de coaching “adicionalmente, ofrece distintos tipos de servicios financieros a través de las sociedades que conforman el Grupo Zoe- inversiones, en un fideicomiso financiero donde una de sus empresas actuaria como fiduciario” y se “encarga de mencionar e insistir en que el publico general invierta en criptoactivos como el llamado “Zoe Cash”.
Fuera de la Justicia, Cositorto viene siendo investigado hace tiempo por organismos oficiales. En octubre pasado, en base a una serie de denuncias anónimas, la CNV intimó a Generación Zoe S.A. y a Universidad del Trading S.A. a cesar en forma inmediata “toda invitación u ofrecimiento público de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general o a sectores o grupos determinados y de todo asesoramiento en materia de mercado de capitales y cualquier otra actividad de intermediación en la oferta pública”.
En su investigación interna, la PROCELAC certificó otras causas penales abiertas en el interior del país y le encargó una serie de tareas a la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad de la Nacion. Además pidió informes a empresas vinculadas con criptoactivos, a varios organismos públicos y al Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan y la Secretaria de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Jujuy.
Esto último, a razón de que Cositorto afirma que la emisión de su criptomoneda Zoe Cash va a estar respaldada con oro. Para justificar ese cambio “uno a uno” de cripto por oro, el líder de Zoe Cash aseguró contar con dos minas de oro a punto de producir. En sus posteos en redes sociales se mostró camino a Jujuy, donde estaría ubicada una, y también en San Juan, donde estaría ubicada la otra.
Al imputar a Cositorto, el fiscal Taiano le pidió al juez Ariel Lijo acelerar varias de las medidas de prueba que habían sido pedidas por a PROCELAC y sumó otras que se mantienen en reserva.