La nueva hipótesis vincula el crimen de la docente rural con movimientos de avionetas en la zona y la desaparición de un presunto cargamento de droga.
La investigación por el femicidio de la docente rural Nancy Godoy en Corrientes incorporó una nueva hipótesis que intenta determinar si el crimen podría estar vinculado con una posible red de narcotráfico que trabaja en la zona.
Según fuentes ligadas a la investigación, una de las líneas de análisis se centra en los reiterados vuelos que la propia víctima había comentado a sus familiares que observaba en las inmediaciones de la estancia El Curupí, donde trabajaba.
La hipótesis señala que una aeronave habría arrojado un cargamento de droga en el campo para que otras personas se encargaran de retirarlo. Sin embargo, la desaparición de ese paquete podría haber convertido a Nancy en un blanco, ya sea porque habría presenciado esos movimientos o por una supuesta vinculación con quienes debían recuperarla.
Ante este nuevo escenario, están analizando la posibilidad de que la Justicia Federal avance sobre esta línea de investigación en paralelo a la causa principal, que continúa en manos de la Justicia provincial y tiene a cinco personas detenidas.
En paralelo, continúan las pericias para reconstruir las últimas horas de la docente y, de acuerdo con la información incorporada al expediente, habría permanecido cautiva durante al menos 48 horas antes de ser asesinada.
Los estudios forenses indican que presentaba múltiples lesiones compatibles con episodios de violencia sufridos en distintos momentos. Además, los investigadores intentan determinar si fue sometida a descargas eléctricas y si existió abuso sexual, una cuestión que todavía aguarda los resultados complementarios de los análisis patológicos.
Los peritos también buscan establecer las circunstancias en las que se produjo la amputación de una de sus manos, un aspecto que despertó interrogantes durante la investigación, aunque hasta el momento no existen elementos que permitan atribuirle un significado específico.
Los teléfonos celulares secuestrados constituyen otra de las pruebas clave de la investigación, ya que se espera que las pericias permitan reconstruir las comunicaciones y los movimientos previos y posteriores al crimen.
Entre los elementos incorporados al análisis figura un mensaje enviado desde un número desconocido, presuntamente asociado a un chip que luego habría sido descartado. La frase, "¿Qué hacemos con esto?", es examinada para determinar quién la envió, quién la recibió y si guarda relación con el asesinato.
Además, la Justicia intenta establecer quién trasladó el cuerpo hasta el lugar donde fue hallado y si participaron otras personas en el descarte de pertenencias o en la eventual alteración de la escena.
Por el crimen permanecen detenidos Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, imputados como coautores de femicidio. También está detenida Rosa Leguizamón, acusada como coautora de homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón se encuentra imputado por falso testimonio.
Entre las próximas medidas judiciales figura una pericia psiquiátrica a Leguizamón, mientras los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González aguardan nuevos resultados forenses y el avance de los análisis sobre los dispositivos electrónicos.
La familia de la docente rural sostiene que detrás del crimen podría existir una trama más compleja que la hipótesis de un ataque sexual y reclama que se profundicen todas las líneas de investigación para determinar si hubo más personas involucradas.