El profesor de Medicina de la Unicen fue denunciado por intimidar a una alumna con frases que evocan los crímenes de la última dictadura.. La Facultad repudió el hecho.
Olavarría permanece convulsionada luego de que un docente de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) le dijera a una alumna que era “una montonera” a la cual “había que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí”. Walter Ressia, el agresor, ya presentó la renuncia. Más allá de su voluntad, la institución planteó el repudio, al igual que toda la comunidad educativa que integra la Unicen y la Comisión por la Memoria local.
El hecho cobró notoriedad tras el comunicado publicado por la Facultad de Ciencias de la Salud. En ese lugar, durante su clase y ante 200 alumnos del tercer año de la carrera de Medicina, Ressia trató de “guerrilleros montoneros” a quienes le plantearon una discusión académica sobre la guía del tratamiento del asma.
El profesor, especialista en gerontología y neurociencias, fue citado por el decano, Gustavo Otegui, y una hora después presentó la renuncia. De todas maneras, la Facultad señaló en una resolución del Consejo Académico que “la renuncia presentada por el docente involucrado no puede interpretarse como una circunstancia que elimine la necesidad de un pronunciamiento institucional respecto de los hechos denunciados”.
“La Facultad posee la responsabilidad de preservar la memoria institucional de aquellas situaciones que afectan gravemente la convivencia universitaria, la integridad de las personas que forman su comunidad y los valores democráticos que sustentan la educación superior pública”, subrayó la institución en su “enérgico repudio” al episodio.
En conversaciones con representantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, Ressia “esporádicamente había hecho comentarios que no se corresponden con los buscados” en la casa de estudios olavarriense. “Nunca, que yo sepa, se había manifestado en estos términos alusivos a la dictadura militar”, afirmó una fuente consultada, pero aclaró que “el problema es que cuando se dice lo que se piensa y lo que se piensa es esto, la gravedad de la situación requiere que se tomen las medidas que hemos tomado”.
Docentes, no docentes y estudiantes expresaron su condena ante los hechos y pidieron que las acciones de la Facultad no cesen con la renuncia. Hablaron de que los sucesos “interpelan a toda la comunidad educativa” en el marco de la formación de profesionales de la salud y reafirmaron un inclaudicable compromiso con el Nunca Más.
En paralelo, subrayaron que el acto de violencia lo padeció una mujer. “Estamos hablando de referencias a la muerte y a la eliminación de una mujer en un contexto social atravesado por violencias que continúan cobrándose vidas”, apuntaron desde el Centro de Estudiantes, al tiempo que recordaron la reciente marcha masiva del Ni Una Menos el pasado 3 de junio.
La ciudad de Olavarría es el faro económico y productivo de la región central de la provincia de Buenos Aires. La cuna del cemento argentino forjó su peso alrededor de la familia Fortabat y la empresa Loma Negra. Una firma que está teñida con la sangre de trabajadores secuestrados, desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico-militar en complicidad con sus autoridades y directivos.
Tal es el caso, también, del abogado que veló por los derechos de los empleados de la firma durante los años de los militares, Carlos Moreno, padre del actual Subsecretario de Derechos Humanos de la PBA, Matías ‘Gitano’ Moreno.
Olavarría es el lugar en el que también vivió durante la mayor parte de su vida Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto recuperado de Estela, hijo de Laura y Walmir Montoya. En agosto de 2014, la noticia salió a la luz. Poco se pudo avanzar en la investigación porque su presunto apropiador, Francisco ‘Pancho’ Aguilar, murió cinco meses antes. El proceso penal avanzó sin mayor claridad respecto a cómo fue arrancado de los brazos de su madre.
Sí se pudo conocer más sobre Aguilar. La Justicia determinó que fue el nexo clave y, según la familia que crió a Ignacio, fue quien se los entregó bajo el argumento de que el bebé había sido dado voluntariamente en adopción por sus padres biológicos. Era el dueño del campo ‘Los Aguilares’ y allí residían y trabajaban Clemente Hurban y Juana Rodríguez, el matrimonio que anotó a Ignacio como su hijo. ¿Algo más? Si. Aguilar presidió la Sociedad Rural local y fue candidato a concejal por la lista del PRO en 2007 cuando Mauricio Macri y Francisco De Narváez tejieron una alianza política.
Este breve recorrido expone los lazos socio civiles y políticos de la ciudad cementera con los mecanismos de represión y tortura, en medio de una actualidad cargada por la violencia impuesta por Javier Milei. En más de una ocasión, desde el Presidente de la Nación, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y múltiples dirigentes y representantes de La Libertad Avanza, expresaron su empatía o concordancia con algunas de las acciones impartidas durante la última dictadura.
El partido de Olavarría cuenta con más heridas ocasionadas por este proceso. En Sierras Bayas, a 20 kilómetros de la ciudad, funcionó el ex CCDyT Monte Pelloni. Por medio de dos causas históricas, Monte Pelloni I en 2014 y Monte Pelloni II en 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata dictó condenas de reclusión perpetua y prisión efectiva para los máximos responsables militares de la zona, entre ellos el exjefe del regimiento local, Aníbal Ignacio Verdura, además de oficiales y suboficiales involucrados en los operativos de la región.
Ese predio hoy funciona como Espacio de la Memoria bajo la órbita de la Comisión por la Memoria de Olavarría. Precisamente, fue uno de los colectivos que pronunció su repudio ante lo sucedido en el aula con Ressia. “Quienes fuimos víctimas directas del terrorismo de Estado, familiares de personas desaparecidas y militantes de Derechos Humanos, consideramos intolerable que un docente de una institución pública profiera amenazas contra sus estudiantes y sobre todo reivindicando la práctica de delitos de Lesa Humanidad condenados por Juzgados Federales”, señalaron en un comunicado.
Comunicado Comisión de la memoria Olavarría repudio a docente de la Unicen Prensa
Recordaron que las acciones del médico y profesor en cuestión, que en más de una ocasión participó de charlas en la comunidad olavarriense, constituye “apología de delito”, tal como lo establece el artículo 213 del Código Penal. “Toda violencia es política, Nunca Más”, afirmaron.
Las autoridades consultadas por este diario detallaron que el 5 de junio, la estudiante agredida salió de la clase “muy mal” y “rápidamente fue contenida por una de las psicólogas de la institución”. Ante este escenario, la conducción de la Facultad citó al docente.
Por su parte, el decano Otegui conversó por teléfono con la estudiante para expresar su “solidaridad y acompañamiento” y, transcurrido el fin de semana, el lunes 8 de junio mantuvo un encuentro con la joven y sus padres para ponerse a disposición y remarcar la gravedad del caso. A la hora de enfrentar y hablar con Ressia, recibió su denuncia en mano.
Al otro día, se reunió el Consejo Académico y emitió la Resolución 51/26, y para el miércoles se publicó el comunicado oficial que da acceso al documento institucional, y pone a disposición los pronunciamientos escritos por los docentes, no docentes y estudiantes. Todo lo desarrollado, explicaron, fue elevado al rectorado y al Consejo Superior.
En la mencionada resolución, la Facultad sostuvo que “la gravedad de los hechos denunciados, el impacto generado en la comunidad educativa y la trascendencia institucional de las expresiones atribuidas al docente justifican que esta Unidad Académica adopte una posición expresa, dejando debida constancia de las actuaciones realizadas y del rechazo institucional frente a conductas incompatibles con los principios que orientan la vida universitaria”.
“Que las expresiones atribuidas al docente evocan formas de violencia política, institucional y simbólica incompatibles con los valores democráticos, el respeto por los derechos humanos y los principios de Memoria. Verdad y Justicia que la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (U.N.C.P.B.A.) sostiene y promueve”, remarcaron.
A lo largo del texto, subrayaron que “resulta particularmente grave que tales manifestaciones hayan sido dirigidas hacia una estudiante en el marco de una relación pedagógica caracterizada por una evidente asimetría de poder, circunstancia que exige de quienes ejercen funciones docentes una especial responsabilidad ética y profesional”.
Bajo esta línea argumentativa, y tomando las propuestas presentada por los distintos claustros, solicitó a la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad la incorporación al legajo personal del docente una copia certificada de los antecedentes reunidos, de los pronunciamientos de los claustros y de la resolución, para que constituyan un antecedente institucional “para su eventual consideración por las autoridades competentes en futuros procedimientos de selección, designación, contratación o incorporación a cargos docentes o de gestión dentro del ámbito de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires”.
También pidieron la “implementación y difusión, en el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Salud, del Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Violencia de Género vigente”. En paralelo, demandaron la elaboración de propuestas de actividades de formación, sensibilización y reflexión destinadas a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades sobre derechos humanos, Memoria, Verdad y Justicia, convivencia democrática, violencia institucional, perspectiva de género y prevención de las violencias en el ámbito universitario.
Por último, reafirmaron el compromiso de la Facultad de Ciencias de la Salud con los principios de Memoria. Verdad y Justicia, “con la defensa irrestricta de los derechos humanos, con la igualdad de género, con la convivencia democrática y con la construcción de una universidad pública inclusiva, plural, respetuosa de la diversidad y libre de toda forma de violencia”.