La Justicia investiga una maniobra con tarjetas de crédito que habría provocado un importante perjuicio. Los dueños del lugar radicaron la denuncia.
Una investigación judicial de alto impacto se encuentra en marcha en la provincia tras la denuncia radicada por los propietarios del Corralón Lavalle, donde se detectó una serie de operaciones comerciales sospechosas que podrían derivar en una de las estafas más importantes registradas en el ámbito comercial de la provincia en los últimos años.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las operaciones bajo sospecha se realizaron durante los primeros días de junio mediante compras de materiales de construcción abonadas con tarjetas de crédito que aparentemente no presentaban irregularidades al momento de concretarse las transacciones. Posteriormente, la mercadería era retirada por terceros mediante la presentación de remitos y otra documentación respaldatoria.
La maniobra comenzó a quedar al descubierto cuando una persona se comunicó con la empresa alertando sobre el posible uso indebido de datos vinculados a una tarjeta de crédito. A partir de esa situación, los responsables del comercio iniciaron una revisión interna de las operaciones efectuadas y detectaron inconsistencias que motivaron la presentación de una denuncia penal.
Si bien las primeras actuaciones reflejarían un perjuicio económico cercano a los 28 millones de pesos, en las últimas horas trascendió que existirían otras operaciones comerciales bajo análisis que podrían estar vinculadas a la misma metodología. Por ese motivo, fuentes cercanas a la investigación indicaron que el monto total del presunto fraude podría superar ampliamente los 40 millones de pesos.
La pesquisa se centra ahora en reconstruir cada una de las transacciones realizadas, identificar a todas las personas que participaron en el retiro de materiales y determinar el destino final de la mercadería. Tampoco se descarta que puedan aparecer nuevos damnificados o que la maniobra haya sido ejecutada mediante una estructura organizada.
Por el momento, la causa permanece en plena etapa investigativa y bajo reserva judicial. Los investigadores trabajan sobre documentación comercial, movimientos financieros, registros de entrega y otros elementos probatorios que permitan esclarecer el alcance real de la operatoria denunciada.
La magnitud económica del caso ya genera fuerte preocupación en el sector comercial catamarqueño, donde se sigue con atención el avance de una investigación que podría tener nuevas derivaciones en los próximos días.