27 de mayo de 2026 - 10:12
Mientras la Fiscalía evalúa un pedido de la querella para imponer nuevas medidas restrictivas a los dos padrinos acusados de abusar sexualmente de una bebé de un año y ocho meses, desde la familia de la víctima relataron el difícil momento que atraviesan. La madre de la beba brindó una entrevista a El Ancasti y remarcó que sienten impotencia por la liberación de los dos sospechosos. La mujer, además, mencionó que actualmente no están recibiendo asistencia ni contención psicológica por parte del Estado.
“Nosotros estamos pidiendo que les sea colocado un dispositivo a ellos, que sería un monitoreo; y una caución a estas personas de 3 millones de pesos, mínimo. Ellos han salido como si nada a la calle. No es justo esto. Están afuera como si nada, teniendo la caratula que tienen. Eso ha generado bronca en mí porque me siento impotente. Tratamos de sobrellevarla, intentamos estar bien por nuestras hijas y que ellos se pasen como si nada. Aunque tratamos de estar bien, es muy difícil tener que salir a marchar, salir a exponerse uno para realmente tener que obtener justicia. Hay pruebas muy graves”, aseguró.
En un contexto de gran angustia, la madre de la víctima manifestó que no recibe asistencia psicológica por parte del Estado. “Voy a buscar ayuda psicológica porque sé que es fundamental para poder seguir con mis hijas, para calmar algo”, añadió.
Por otra parte, consideró que “la única ayuda que necesito es de la Justicia, y que la Justicia haga algo” porque “en la calle, hay dos abusadores que vendían contenido de niños”. Por último, dijo que estiman que “ya tiene que estar cerrada la investigación” en contra de los padrinos, y esperan que “no se postergue más” porque “tienen las pruebas suficientes”. “No voy a bajar los brazos, voy a luchar por mi hija porque ella obtenga justicia”, cerró.
Medidas
La Fiscalía de Instrucción N° 4, a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, está analizando el pedido de las medidas restrictivas. Entre las medidas solicitadas figuran la colocación de dispositivos de rastreo satelital y el depósito de una caución material o juratoria.
Córdoba Andreatta, además, solicitó al titular de la Fiscalía de Instrucción N° 6, Facundo Barros Jorrat, copias certificadas de una denuncia por daños a un vehículo radicada por un vecino en contra de los dos sospechosos, poco después de que recuperaran la libertad.
Con esa información y la respuesta al planteo de la querella que presente la defensa de los imputados, ejercida por Juan Pablo Morales, el fiscal deberá resolver si avanzará con la colocación de dispositivos y la imposición de una fianza.
La presentación fue impulsada por los abogados Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez, quienes se opusieron a la liberación de los padrinos. Los sospechosos son un hombre y una mujer, que son pareja.
Liberación
Los padrinos recuperaron la libertad a mediados de marzo por disposición de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos.
El hombre permanecía detenido en el penal de Miraflores, mientras que la mujer estaba alojada en la Unidad de Mujeres N°2, en la Capital.
Previamente, Córdoba Andreatta había solicitado la prisión preventiva y el juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, hizo lugar al pedido. Sin embargo, la defensa apeló la resolución.
El Tribunal de Apelaciones, integrado por Juan Isauro Rosales, Rosa Elena Berrondo Isi y Carlos Horacio Brizuela consideró correctos los cuestionamientos planteados por Morales y resolvió revocar la decisión del Juzgado de Control, ordenando la inmediata libertad de ambos imputados.
Los camaristas sostuvieron que no existían elementos suficientes para acreditar riesgos procesales que justificaran mantener la prisión preventiva. Además, señalaron que no se habían evaluado medidas alternativas, como cauciones, fianzas o dispositivos duales de monitoreo.
La resolución no implicó el cierre de la causa ni la absolución de los acusados, sino la anulación de la prisión preventiva y la orden para que el Juzgado de Control emita un nuevo pronunciamiento ajustado a los lineamientos del tribunal.
Tras recuperar la libertad, la Fiscalía les impuso a los imputados la obligación de fijar domicilio, permanecer a disposición de la Justicia y concurrir cada vez que sean citados.
Además, deben abstenerse de realizar actos que puedan obstaculizar la investigación, no pueden salir de la provincia sin autorización judicial previa y deben comparecer semanalmente ante Fiscalía. También tienen prohibido acercarse a la presunta víctima.
Protestas
La liberación de los padrinos generó malestar entre familiares de la beba, vecinos y allegados, quienes realizaron distintas manifestaciones frente a Fiscalía General para exigir nuevas detenciones.
Acusación
De acuerdo con la investigación, el fiscal del caso Córdoba Andreatta imputó al hombre por el presunto delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda en calidad de autor”, “producción de imágenes de abuso sexual infantil calificado por tratarse de una víctima menor de trece años” y “tenencia de material de abuso sexual infantil calificado por tratarse de víctimas menores de trece años”.
En tanto que la mujer está acusada por el delito de “producción de imágenes de abuso sexual infantil calificado por tratarse de una víctima menor de trece años”.
ASI
El abuso sexual en la infancia (ASI) es una de las formas de violencia más devastadoras que pueden sufrir niños, niñas y adolescentes.
La mayoría de estos abusos ocurren dentro del ámbito familiar.
Los principales agresores suelen ser figuras cercanas como padres, abuelos, hermanos, tíos o primos.
Los delitos sexuales contra chicos y chicas son de orden público.
De esta manera, la acción ante la Justicia podrá ser iniciada por cualquier persona y el Estado, a través de los fiscales, estará obligado a llevar adelante las investigaciones correspondientes.
La Línea 102 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes funciona las 24 horas, los 365 días.
A través de este servicio se pueden realizar consultas y asesoramiento.
