Detenido. Vuirli Saragusti llega a debate privado de la libertad.
“Fue un relato cargado de emoción”, contó la abogada de la querella, Silvia Barrientos, en relación con el testimonio de Francisco Arias Gibert en la tercera jornada de debate que tiene a Bruno Matías Vuirli Saragusti en el banquillo de los acusados. Junto con él se presentaron otros cuatro testigos, entre ellos peritos y una víctima.
Vuirli Saragusti fue imputado por 11 hechos de violencia de género en perjuicio de algunas exparejas, entre ellas María José “Majo” Arias Gibert, quien falleció en marzo de 2019. El acusado debe responder por los delitos de “abuso sexual simple”, “abuso sexual con acceso carnal”, “hurto”, “lesiones leves”, “daños”, “violación de domicilio”, “amenazas simples”, “lesiones leves calificadas por haber mediado relación de pareja”, “coacción” e "instigación al suicidio".
El debate se desarrolla en la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación. El Tribunal está integrado por los jueces Silvio Martoccia, Luis Guillamondegui y Rodrigo Morabito. El Ministerio Público Fiscal es representado por el fiscal Ezequiel Walther, quien se encuentra acompañado por la abogada de la querella Silvia Barrientos. La defensa es ejercida por el abogado del foro local Luciano Rojas.
Dados los delitos endilgados, el debate se desarrolla a puertas cerradas. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, en esta audiencia se presentaron alrededor de cinco testigos, entre peritos, familiares y una de las víctimas. Según se detalló, la víctima ratificó la denuncia. A su turno, dio su testimonio Francisco Arias Gibert, hermano de “Majo”. El testigo aseguró que Vuirli Saragusti acosaba a su hermana y en una ocasión habría presenciado un hecho de violencia. A la vez, culpó al acusado por la muerte de la joven. Para su familia, el acusado es responsable.
“Francisco contó la historia de su hermana. Antes de tener una relación con Vuirli Saragusti era una persona ‘espectacular’. Era una buena hija, buena madre, con proyectos. Conoció a Vuirli Saragusti y cambió su personalidad. Comenzó a aislarse, con la familia, con quien siempre compartía. Contó situaciones de violencia extrema; María José estuvo al borde de perder la vida estando con Vuirli Saragusti. Habló de la situación de acoso que vivía constantemente, que la obligaba a cambiar permanentemente de teléfono; decía que lo perdía o que se lo robaban”, detalló la abogada de la querella, consultada por este diario.
A la vez, la querellante indicó que Francisco presenció una situación de violencia. Por ello, él y otro hermano “no querían ver a Vuirli Saragusti porque querían proteger a María José”. También comentó que el acusado sabía sobre esta situación y buscaba la manera de escapar.
“Sobre el día del suicidio, encontró señales que le hacían pensar no sobre un posible suicidio sino sobre otra cosa, como vidrios rotos de una ventana o ropa lavándose en el lavarropas. Alguien que se va a suicidar no va a lavar ropa. Ella estaba estudiando; los libros estaban sobre el sofá. La forma en la que se encontró el cuerpo hace suponer que no se pudo haber suicidado. Fue un relato cargado de emoción; tuvo que detenerse en varias oportunidades. Culpa a Vuirli Saragusti de la decisión de María José; sin su intervención esto jamás habría acontecido”, detalló.
La audiencia pasó a un cuarto intermedio. El debate continuará la próxima semana con la declaración de más testigos.
El debate comenzó el martes último. En la primera jornada, el acusado se mantuvo en silencio.
Bruno Matías Vuirli Saragusti debe responder por los delitos de “abuso sexual simple”, “abuso sexual con acceso carnal”, “hurto”, “lesiones leves”, “daños”, “violación de domicilio”, “amenazas simples”, “lesiones leves calificadas por haber mediado relación de pareja”, “coacción” e "instigación al suicidio".
“Majo” Arias Gibert falleció en marzo de 2019. Había tenido una relación con Vuirli Saragusti. Para su familia, él la instigó al suicidio.
En abril de 2019, en juez de Control de Garantías Rodolfo Maidana confirmó la detención y el acusado fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.
Estuvo detenido tres meses. Tras una caución de $150.000 recuperó la libertad pero en septiembre de 2019 la Cámara de Apelaciones revocó la excarcelación y ordenó que sea trasladado al penal.
