El recurso de casación fue impulsado por la fiscal de Instrucción de Primera Nominación, Yésica Andrea Miranda.
Enzo Morales y Cintia Bazán, ambos imputados por delitos contra la integridad sexual, llegaron a la Sala Penal de la Corte de Justicia. Los dos se encuentran privados de la libertad desde enero de 2021. Sobre ambos pesan fuertes acusaciones por dos hechos distintos que se tramitan por cuerdas separadas y su situación es compleja.
En 2020, en plena pandemia, Morales fue denunciado por ultrajar a una niña. Oportunamente fue imputado por “abuso sexual simple continuado doblemente calificado, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravado”, “abuso sexual gravemente ultrajante continuado doblemente calificado y “abuso sexual con acceso carnal continuado doblemente calificado". En ambos casos, en concurso ideal con "promoción de la corrupción de menores agravado", en calidad de autor. En tanto que Bazán fue imputada por “encubrimiento agravado”.
La investigación quedó en manos de la fiscal de Instrucción de Primera Nominación, Yésica Miranda. La defensora Penal Oficial de Segunda Nominación Florencia González Pinto -representante de Morales- y Luis Alfaro Asmat -quien asiste a Bazán- habían presentado un recurso de apelación en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos para el cese de prisión preventiva de los acusados. A finales de marzo, el Tribunal de Alzada, integrado por los jueces Elena Berrondo Isí, Juan Rosales y Edgardo Álvarez, resolvió “declarar de oficio la nulidad absoluta del acta y resolución de prisión preventiva”. No obstante, los imputados mantienen su situación de privados de la libertad.
La elaboración del voto estuvo a cargo de la jueza Berrondo Isí y tuvo adhesión de sus pares. El Tribunal de Alzada, al analizar el planteo y el expediente, en el marco de su competencia realizó un control de proceso judicial. De esta manera, advirtió imprecisiones y se remitió el expediente a la Fiscalía para que se corrija y se vuelva a indagar a los acusados. “De una lectura del legajo se advirtieron vicios en el decreto de determinación de los hechos. El Ministerio Público Fiscal no ha dado acabado cumplimiento con las previsiones contenidas en la citada normativa, provocando una situación jurídicamente gravosa para el imputado”, se indicó.
Al respecto, se advirtió que el cumplimiento inadecuado o el incumplimiento de estos requisitos afectan la garantía de la defensa en juicio. Esta omisión impide al acusado defenderse realmente si no se le informa debidamente sobre los hechos por los que se lo acusa y su correcto encuadre legal. En relación con la imputación de Morales, la acusación describe “conductas sucedidas entre un amplio margen temporal. Se advierte que el período de tiempo que fija el Ministerio Público Fiscal oscila entre 2010 a enero 2020. Sin embargo, durante ese lapso temporal no se puede discriminar o deslindar con precisión el momento en el que ocurrieron las conductas relatadas. La determinación imprecisa de los hechos refleja un claro entrelazamiento de las conductas imputadas a Morales".
En cuanto a la acusación de Bazán, la acusación tiene diversas particularidades.
La acusación que realizó el Ministerio Publico Fiscal es relativa al tipo de encubrimiento por favorecimiento personal por omisión de denunciar. Surge evidente que en la acción típica indicada solo pueden ser autores del delito aquellas personas por las cuales la ley le impone la obligación estricta de denunciar, ya sea porque el ilícito le llegó a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, como así también aquellas personas que revisten el carácter de funcionarios que tengan la obligación de impulsar la persecución penal de delitos”, se indicó.
Con la resolución del Tribunal de Alzada, el expediente vuelve a Fiscalía para la determinación del hecho. A tal fin, se vuelve a indagar a los acusados.
A mediados del mes pasado, el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Lucas Vaccaroni, le negó la excarcelación a Bazán en la causa por abuso sexual. En audiencia de control jurisdiccional, su abogado defensor, Fernando Alfaro Asmat, había solicitado el cese de privación de libertad de su asistida. Finalmente, el magistrado resolvió rechazar el planteo.