jueves 29 de octubre de 2026
Violencia escolar|| En la órbita del Tribunal Penal Juvenil

El expediente por la difusión de imágenes íntimas ya ingresó al Tribunal de Alzada

La Cámara de Apelaciones deberá resolver los planteos de nulidad impulsados por la defensa de dos imputados y el abogado de un joven excluido como querellante.

La causa por la difusión de imágenes íntimas formalmente continúa en otra instancia. Fuentes judiciales consultadas por El Ancasti indicaron que el expediente ya ingresó en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. El Tribunal de Alzada, en la órbita del Fuero Penal Juvenil, resolverá los planteos de dos imputados y de un joven “ofendido” pero excluido como querellante. Esta Cámara está integrada por los jueces Juan Rosales, Horacio Brizuela y Elena Berrondo Isí.

La investigación por la difusión de imágenes íntimas de una adolescente de 17 años es impulsada por el fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez. Tres compañeros de escuela fueron imputados por los presuntos delitos de “producción de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas en concurso real con distribución de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas”. No obstante, los chicos imputados aún no fueron indagados.

La defensa de dos de ellos, a cargo del abogado Luis Marcos Gandini, mantiene un planteo de nulidad, con relación al segundo hecho de la imputación, el de distribución de las imágenes íntimas. Los planteos habían sido rechazados oportunamente por el fiscal Narváez y luego por el juez de Control de Garantías Penal Juvenil Rodrigo Morabito. Al rechazarlos, el magistrado confirmó las actuaciones del representante del Ministerio Público Fiscal. Ante este revés, la defensa apeló.

En el marco del litigio de la causa, quedó en discusión la participación de un joven como querellante, representado por el abogado Daniel Ortega. Según se señaló, el muchacho se sintió perjudicado y el juez de Control de Garantías le habría dado participación en la causa. Sin embargo, la imputación del fiscal Narváez fue por un delito cometido sobre una “persona menor de edad” –por debajo de los 18 años–, y este joven ya había alcanzado la mayoría de edad. Con esa calificación, se indicó, había una sola víctima, y respecto de él la figura correcta habría sido “violación de secretos” –es decir, su intimidad fue difundida sin consentimiento.

Finalmente, a pedido de la asesora de Menores Carolina Acuña Barrionuevo, el juez revirtió su decisión. A la vez, excluyó al joven damnificado de la querella por tratarse de un joven mayor de edad pero se le dio participación como “ofendido”.

De abril a octubre

  • El caso se inició en abril, cuando la adolescente realizaba actividades vinculadas con la presentación de los buzos de egresados junto con sus compañeros. Según la investigación, en un descuido, habría dejado su teléfono celular al alcance de ellos y, mediante el uso de la clave de acceso, habrían ingresado al contenido multimedia y encontrado un video íntimo de la joven con su novio.
  • Los archivos habrían sido copiados y, en menos de una semana, el material habría comenzado a circular hasta llegar a conocimiento de la propia damnificada.
  • En junio, la madre de la adolescente, quien es abogada, radicó la denuncia penal y se constituyó como querellante. Por la naturaleza de los hechos, con una adolescente de 17 años como víctima, intervino también la asesora de Menores e Incapaces, Carolina Acuña Barrionuevo.
  • La investigación quedó a cargo del fiscal especializado Narváez. En octubre, el funcionario imputó a tres adolescentes por la presunta producción y distribución del material íntimo.
  • La causa tomó mayor trascendencia pública después del viaje de egresados a Bariloche. Al regresar, una estudiante de 18 años publicó un video en redes sociales en el que relató episodios de hostigamiento contra su compañera y reconoció que había utilizado referencias al material íntimo para burlarse de ella.
  • Ese episodio dio origen a otra investigación, a cargo de la Fiscalía con competencia en Ciberdelitos.

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