La causa por maltrato policial a jóvenes que en 2016 intentaron ingresar a la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia fue elevada a juicio con un solo jerarca imputado y sin que alguno de los ocho damnificados haya recibido resarcimiento económico por los daños sufridos.
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"El Estado se lavó las manos y cajoneó el caso en Fiscalía de Estado"
La querella apuntó a la Provincia por la firma de un acuerdo que declaró a los denunciantes, con incapacidad cero.
De acuerdo con el pedido de elevación a juicio realizado por el fiscal Hugo Costilla, de los cinco imputados que hubo en el expediente solamente será juzgado Jorge Rolando Romano (47), quien al momento de los hechos se desempeñaba como jefe de estudios de la institución. Los demás fueron sobreseídos.
"En lo administrativo, Fiscalía de Estado llevó a los 8 aspirantes damnificados con el entonces fiscal Marcos Denett, y los hicieron firmar un convenio. Con ese convenio básicamente se determinaba el grado de incapacidad, con una junta médica laboral, para otorgarle a cada uno de ellos -de acuerdo a la incapacidad sobreviniente que habría surgido como consecuencia del “baile”-, un porcentaje de un sueldo mínimo de empleado público", explicó Bruno Jerez, abogado querellante junto a Sebastián Ibáñez, del denunciante Matías Restelli.
Comentó que los chicos se sometieron a la junta médica, que "tuvieron que salir de las terapias que estaban realizando y en silla de ruedas; y a los ocho les determinaron -en una junta médica unilateral puesta por el Estado y de la cual no se le corrió vista a la querella para que pueda poner un perito de parte-, cero por ciento de discapacidad. El Estado se lavó las manos y cajoneó la causa en Fiscalía de Estado. Así quedó 10 años. Pensar que la justicia llega tardíamente, da la sensación de una injusticia", remarcó.
Sostuvo, además, que con el acuerdo quedó expuesto "un proceder totalmente anómalo, con grave vulneración de los derechos, mientras la causa civil fue sepultada".
Restelli
En diálogo con El Ancasti, Matías Restelli consideró que su recuperación fue larga y tediosa, "todo para que después en una junta médica nos digan que no pasó nada".
"Fueron 10 años de espera. En ese momento tenía cerca de 24 años y la verdad es que fue muy duro", agregó.
En cuanto a los malos tratos que sufrió, recordó que la mañana del 30 de diciembre de 2016 fueron trasladados a las instalaciones pertenecientes a la Policía, ubicadas en Las Pirquitas, conocido como "Campamento N.º 1".
La estadía en ese lugar, junto a más de 110 aspirantes, era para cumplir con unas evaluaciones denominadas "período de adaptación", que finalizarían el 8 de enero de 2017.
Orgánicamente, la Policía identificaba este procedimiento como "Período de Adaptación y Nivelación de los Aspirantes a Agentes de Policía".
El plan había sido realizado por el entonces comisario Ramón Marcelo Gutiérrez, quien se desempeñaba como director de la Escuela de Suboficiales y Agentes, con la venia de la Secretaría de Seguridad Democrática.
Las actividades dispuestas debían ser realizadas por Romano, que tenía el rango de subcomisario, junto a otros numerarios afectados por la Jefatura de Policía, que prestaban servicio en la Escuela de Cadetes, de Suboficiales y en la Escuela Superior.
Para el Ministerio Público Fiscal, los aspirantes Marcelo Martín Barrionuevo, Dante Exequiel Moya, Luis Miguel Pacheco, Matías Exequiel Restelli, Darío Exequiel Rodríguez Vergara, Carlos Daniel Sequeida, Matías Andrés Suárez y Luis Alberto Villarreal fueron sometidos a "rigorismo físico" y a la realización de entre 200 y 300 sentadillas.
Supuestamente, Romano fue quien, en su posición de jefe y personal de mayor jerarquía presente, "impartió las órdenes de rigorismo físico extremo en el lapso crítico".
También debieron realizar flexiones de rodillas con saltos y manos en la nuca, flexiones de brazos "con pocos intervalos de descanso (...) sin la hidratación necesaria (...) bajo la exposición del sol y altas temperaturas que tuvo una máxima de 40,2 grados centígrados según informe del Observatorio Climatológico de la Facultad de Humanidades".
Algunos debieron trotar 20 kilómetros en horas del mediodía.
La pericia
Un informe de pericia médica realizado por el Comité Operativo en Prácticas Médico-Sanitarias y Bioéticas del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba concluyó que "los ocho aspirantes, sometidos a un excesivo esfuerzo físico bajo condiciones de asistencia y logística inadecuadas y de elevada temperatura, padecieron un síndrome clínico-biológico de rabdomiólisis y, como consecuencia, una insuficiencia renal aguda con distinto grado de severidad clínica, debiendo algunos de ellos ser tratados con terapia sustitutiva de la función renal por hemodiálisis".
