Orlando Canido fue procesado por una presunta evasión de Ganancias correspondiente a 2020. La Justicia cuestionó un pasivo de $400 millones que no pudo justificar.
Orlando Eduardo Canido tiene 71 años y una fórmula que repite desde hace dos décadas: vender gaseosas baratas marca Manaos, con la imagen de “la marca del pueblo”. Así se convirtió en el segundo jugador del hipercompetitivo mercado de las bebidas sin alcohol. Cada día que pasa, mira más de cerca a la poderosa Coca-Cola mientras aprecia por el retrovisor a Pepsi, a la que ya superó.
En ese camino de algo más de 20 años, Canido y Manaos movieron una estructura millonaria y desplazaron a compañías poderosas en todo el globo. A su paso, acumularon denuncias, despertaron sospechas y movieron miles de rumores respecto de cómo ofrece una gaseosa de 2,25 litros a $1500 cuando sus competidores sitúan ese producto en $4000. El 2 de julio pasado, y por primera vez, el empresario y su compañía Refres Now, dueña de Manaos, fueron procesados por evasión tributaria simple del impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2020.
El fallo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón número 3 ordenó un embargo de $250 millones sobre los bienes de Canido y otro monto igual sobre los de la firma. Pero el expediente completo —caratulado “Refres Now S.A. s/Inf. Ley 27.430”— revela algo más interesante que el procesamiento en sí: de los casi $934 millones que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había denunciado como evadidos entre 2017, 2018 y 2020, la Justicia terminó procesando a Canido por apenas $132 millones. El resto se esfumó entre prescripciones y un cambio legal que llegó en un momento justo.
En total, se le reclamaban $934,2 millones en términos reales, pero todos los rubros cayeron y solo el de 2020 quedó en pie. Esa cifra, actualizada, llegaría a alrededor de $4000 millones.
La causa investigaba tres períodos fiscales. Por 2017, cuando Canido no era presidente de la firma, sino su entonces apoderado Carlos Alberto Trujillo, se denunciaba evasión de Ganancias por $242,5 millones. Por 2018, ya con Canido al frente, la cifra combinada de Ganancias, IVA e impuestos internos ascendía a $454 millones. Y por 2020, otros $237,6 millones repartidos entre los mismos tres tributos.
El mecanismo denunciado por ARCA para el último período fue puntual: la empresa declaró un pasivo de $650 millones bajo el concepto “otras cuentas por pagar”, presentado como un préstamo del accionista Norberto Ernesto Canido. De esa suma, solo pudieron justificarse $150 millones; el resto —$400 millones— fue impugnado por el fisco como un pasivo simulado, lo que derivó en un ajuste por incremento patrimonial no justificado.
Pero llegó un regalo legislativo. La ley 27.799, conocida como inocencia fiscal, elevó el piso de punibilidad para la evasión simple de $1.500.000 a $100.000.000 por tributo y por ejercicio anual. El juez aplicó la norma en forma retroactiva, por ser la norma más benigna. Así las cosas, los tributos de 2018 quedaron alcanzados por la prescripción (no hubo actos que la interrumpieran antes de octubre de 2025), y el IVA y los impuestos internos de 2020 quedaron imposibilitados de ser perseguidos porque no llegan al nuevo umbral. Solo sobrevivió el impuesto a las ganancias de 2020, por superar por poco los $100 millones.
“Yo no debo un peso; no debo un aguinaldo ni una hora extra. Nada. Siempre me persiguieron porque soy un empresario argentino, el único en el mundo que le ganó a las grandes marcas como Coca-Cola o Pepsi. Siempre me denunciaron y jamás encontraron nada. Le repito, no debo un peso a nadie. Lo que hicieron ahora es una vergüenza porque me piden unos papeles que yo no los tengo porque ellos me los secuestraron en un allanamiento. Y como no los presenté, me procesan”, dijo por teléfono Canido.
El proceso que ahora terminó con el procesamiento empezó por impulso de ARCA en 2024, cuando se presentaron los cargos por evasión de los períodos 2017 y 2018, y en 2025, cuando se sumó lo ocurrido en el ejercicio tributario de 2020.
Pero, en la AFIP hay antecedentes desde 2018, cuando el organismo puso la lupa sobre Refres Now por una presunta evasión de $900 millones. En ese momento cuestionó el modelo de negocio de la empresa —precios bajos, distribución no tradicional— y detectó tickets de venta a distribuidores que resultaron no existir. De los 80 distribuidores mayoristas identificados en una de las fiscalizaciones, 39 figuraban en la base de contribuyentes “no confiables” del organismo. Esos períodos fueron presentados por ARCA, ya durante el gobierno de Javier Milei.
Hace un año, mientras era denunciado, Canido cerró la compra de las marcas Cunnington y Neuss por US$74 millones que, según dijo, fueron pagados en efectivo. Consultado por la operación, ironizó públicamente y sostuvo que como en los diarios lo acusaban de haber evadido unos 1000 millones de pesos, decidió usar esa plata para comprar Cunnington, “en blanco”.
Canido fundó Manaos en 2004, pero su participación en el negocio de las bebidas viene desde hace más de 50 años. Antes de crear Refres Now -la razón social de Manaos- fue un distribuidor de la cerveza Bieckert y el vino Crespi y también trabajó con las dos marcas que hoy son sus principales competidores: Coca-Cola y Pepsi.
Antes de comenzar con Manaos, Canido también tuvo una incursión en el negocio de las gaseosas de bajo precio, con la distribución de la línea Sao, que era elaborada por San Isidro Refrescos, un antiguo embotellador de Coca-Cola.
Cunnington es una de las marcas más antiguas de la Argentina. Juan Vicente Sangiácomo, un inmigrante genovés, la fundó en 1920 y durante más de 60 años la compañía siguió en manos de la familia, hasta su cierre en la década del ‘80. En 1997, la marca fue adquirida por Prodea, y desde hace un año, comprada por Manaos. En este tiempo, Canido ya es el número uno en la Argentina en agua tónica y en pomelo.
“Podría comprar propiedades en Mami y vivir de rentas. Pero prefiero comprar líneas de producción y pasar de 600 a 900 empleados. Tenemos la planta más moderna del mundo, es modelo en el planeta, y ahora vamos a incorporar 3 líneas para mejorar los procesos, producir más y tomar más gente. Le repito, no debo un sólo peso”, agregó.
Antes de que el fisco se interesara por sus balances, Canido ya tenía un historial de denuncias en el otro extremo del país. Desde 2003, organizaciones campesinas e indígenas de Santiago del Estero —nucleadas en el Mocase-Vía Campesina— lo acusan de intentar apropiarse de miles de hectáreas de bosque nativo en los departamentos de Moreno, Juan Felipe Ibarra y Alberdi.
El episodio más grave ocurrió en octubre de 2016, cuando un grupo armado ingresó al paraje Bajo Hondo, atacó viviendas, envenenó una fuente de agua y disparó contra pobladores de la comunidad guaycurú. Las comunidades atribuyeron cercanía de ese grupo con Canido, a quien la jueza santiagueña Rosa Falco le dictó luego una restricción perimetral al empresario. Sin embargo, en 2021, la misma jueza decidió desalojar a las comunidades del lugar en favor de Canido.
Canido evitó pronunciarse sobre los ataques armados, aunque reconoció públicamente haber comprado tierras sin saber, según dijo, que estaban ocupadas.
La declaración jurada cuestionada. Canido, como presidente de Refres Now S.A., presentó una declaración jurada del impuesto a las Ganancias del período fiscal 2020 que el juez considera inexacta o engañosa, ya que la firma registró en el rubro “otras cuentas por pagar” una deuda de $650.000.000, atribuida a un préstamo del accionista Norberto Ernesto Canido.
De esos $650 millones, siempre según el juez, solo $150 millones pudieron respaldarse documentalmente. El resto —$400.000.000— fue impugnado por el fisco como pasivo simulado. Canido dijo que el préstamo había sido de $500 millones en efectivo, otorgado en enero de 2020: $100 de fondos propios y $400 millones aportados por un tercero, Lorenzo Pizzo.
ARCA dijo que Pizzo no tenía capacidad económica para prestar esa suma en enero de 2020. El empresario, por su parte, sostuvo que el dinero le fue devuelto por la empresa en diciembre de 2020 y que a su vez se lo restituyó a Pizzo, también en efectivo. Sin embargo, no se presentó documentación que acreditara ese pago ya que en las cuentas de la empresa ni en las de Canido aparecen movimientos que respalden la operación.
En resumen, la acusación no es que el dueño de Manaos haya ocultado ventas o facturación, sino que, según la Justicia, no pudo probar el origen de $400 millones que aparecieron en la caja de la empresa. Por ahora, es un procesamiento apelado que la justicia de San Martín deberá revisar y recién se sabrá si el empresario afrontará un juicio oral o si efectivamente tiene razón y lo persiguen por ser un Quijote frente a las multinacionales.
