El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (CNPT) se encuentra presente en Catamarca para abordar una serie de actividades con los distintos Poderes del Estado, con el fin de garantizar el derecho de las personas privadas de su libertad.
La última vez que se realizó este encuentro en nuestra provincia fue en 2022, en el que, a través de inspecciones, detectaron ciertas irregularidades en los lugares de detención.
Josefina Ignacio, licenciada en Ciencias Políticas, periodista y una de las comisionadas, dio detalles de los trabajos realizados en estos últimos años a través de "inspecciones en las comisarías, unidades penitenciarias, instituciones de salud mental y en alojamientos de niños, niñas y adolescentes".
"Hicimos un relevamiento que terminó en un informe, donde señalamos los hallazgos que consideramos importantes y emitimos algunas recomendaciones a los tres Poderes del Estados para mejorar algunas cosas que no estaban funcionando bien", expresó Ignacio a El Ancasti.
"En esta visita, dos años después, hacemos un seguimiento de estas recomendaciones. Venimos trabajando con las autoridades del Estado, sobre todo el Poder Judicial y el Ejecutivo, para poder ir implementando estos cambios que creemos que era necesario realizar", explicó.
La comisionada señaló que en estos días estuvieron reunidos con el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Fernando Ávila, con la presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti y otros funcionarios judiciales; y en la Legislatura junto a diputados y diputadas de distintos bloques.
"Acordamos una nueva agenda de trabajo a partir de la situación actual. En estos dos años algunas cosas se han modificado", indicó.
Mencionó que la agenda de trabajo incluirá abordar en algunos proyectos de ley, en capacitaciones para la Corte y en programas tanto para liberados como para personas privadas de la libertad.
"Es un viaje productivo para nosotros. Es importante que logremos establecer políticas públicas que se establezcan y perduren en el tiempo a favor de los derechos de las personas privadas de su libertad, sin olvidar a las víctimas, para prevenir la tortura y los malos tratos", agregó.
En base al diagnóstico realizado en 2022, señaló que en el informe detallaron que observaron "una situación preocupante con el tema de las requisas, tanto a los privados de la libertad como a sus familias cuando van a visitarlos".
"También la falta de actividades ya sea recreativas, educativas, laborales, en las Unidades, sobre todo en la de Mujeres", añadió.
Ignacio hizo mención a las detenciones arbitrarias, en la que puso como ejemplo al caso Pachao.
"Observamos además, y es algo que lo hablamos en la Legislatura, el tema de las detenciones arbitrarias, que hay una ley que habilita esa práctica que, por ejemplo con el caso Pachao resultó en una muerte", sostuvo.